La atípica crisis econímica del coronavirus ha dado lugar a situaciones inéditas y una de ellas es sin duda la evolución de la morosidad bancaria en los últimos dos años. Lo habitual cuando la economía entra en recesión es que los impagos de los créditos aumenten por las dificultades de hogares y empresas para hacer frente a sus deudas debido a la caída de sus ingresos. Sin embargo, el apoyo sin precedentes desplegado por el sector público al privado ha provocado que la tasa de préstamos de dudosos cobro no haya dejado de bajar. Dicha mejora, sin embargo, encara su recta final. Autoridades y bancos prevén que la morosidad comience a crecer en el verano y lo haga de forma sostenida en los meses siguientes. La dimensión de ese alza dependerá del impacto que tengan las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, que afectarán como un bumerán a la economía europea, pero el sector confía en que en cualquier caso sea manejable.
Los impagos son una variable clave del negocio bancario porque la regulación obliga a las entidades a reservar dinero para hacer frente a las pérdidas que le provocarán los créditos en mora con el objetivo de que no se vea afectada su solvencia. Por tanto, cuántos mayores sean dichos préstamos impagados, menos rentables son las entidades y menos recursos tienen para financiar a familias y compañías, con el consiguiente impacto en el crecimiento económico. Las medidas públicas por el covid (como los ertes, las moratorias hipotecarias o los créditos empresariales con aval estatal del ICO) han facilitado que el sector no se haya visto obligado a cortar el grifo del crédito en plena pandemia, lo que hubiera agravado la recesión.
El saldo de créditos de dudoso cobro, así, ha bajado en 4.661 millones de euros y un 8% desde el cierre de 2019, hasta los 52.531 millones del pasado diciembre. En el mismo periodo, la financiación concedida a empresas y hogares ha subido en 30.160 millones, hasta los 1,22 billones de euros, un 2,5% más que al final del último año previo al covid. Como consecuencia de ambos efectos, la tasa de morosidad (peso de los créditos impagados sobre el total) se ha reducido del 4,79% al 4,29%. Solo se han producido deterioros en algunos segmentos de la cartera: el crédito al consumo de los hogares (del 4,34% al 5,13%) y los préstamos a los sectores de la hostelería (del 5,17% al 7,3%) y el transporte (del 4,37% al 4,73%).
Meses clave
Los supervisores y las entidades tienen marcado en rojo en el calendario los meses de abril y mayo. Es cuando vencerá la inmensa mayoría de las carencias de dos años en el pago del principal de los créditos a empresas con el aval público del ICO (135.500 millones de euros en 1.149.322 operaciones, más del 98% para pymes y autónomos). A partir de entonces habrá compañías que no podrán hacer frente a las cuotas de los préstamos, ya que deberán pagar el capital además de los intereses, lo que provocará que la morosidad comience a crecer a partir de julio o agosto (para que un crédito sea considerado moroso debe acumular tres meses de impago). Las autoridades, eso sí, prevén que no entren todas en mora de golpe, sino que sea un proceso gradual que se alargue unos meses.
Diversas fuentes financieras estiman que la tasa de impagos subirá entre medio punto y un punto porcentual, hasta situarse entre el 5% y el 6%, pero más cerca del 5%. Es decir, muy lejos del máximo histórico del 13,61% de 2013, y también por debajo del 11-15% que se calculaba al principio de la pandemia o el 5-8% que se esperaba a mediados del año pasado. Asimismo, prevén que dicho pico de morosidad se alcance en la segunda parte de este año. La crisis de Ucrania, añaden, tendrá un limitado impacto directo en el sector (por el deterioro de la capacidad de pago en los sectores afectados, como el del vino o el hortofrutícola), mientras que será más relevante el indirecto (por el menor crecimiento económico por la mayor inflación). La elevada incertidumbre sobre la duración y consecuencias del conflicto bélico, añaden, complica enormemente calcular su efecto en la morosidad, pero hoy por hoy lo más previsible es que no la lleve mucho más allá del 6%.
Exigencia de prudencia
En su último informe sobre España de mediados de febrero, con todo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que los préstamos en vigilancia especial por alto riesgo de impago (93.000 millones de euros en junio) "parecen bajos en comparación con otros países europeos". El organismo admitió que el peso de las provisiones para afrontar pérdidas sobre dichos créditos es "relativamente más alto" que en otros países. Pero también alertó de que existe una "significativa heterogeneidad" entre entidades. "Los supervisores debe seguir asegurándose de que el reconocimiento de las pérdidas se hace con el adelanto suficiente y de que los niveles de provisiones son apropiados, así como de que las variaciones entre bancos no se deben a un optimismo indebido o a consideraciones de rentabilidad", reclamó.
Fuentes de la administración española argumentan que las entidades aumentaron de forma notable sus créditos en vigilancia especial en el último trimestre del año pasado (todavía no hay datos oficiales), así como que el FMI no tiene en cuenta que una media del 75% de las pérdidas que surjan de los créditos ICO las asumirá el Estado. También subrayan que las entidades todavía conservan intacta la hucha de provisiones que realizaron en 2020 para afrontar pérdidas en España por el covid y que algún banco incluso la ha aumentado. El mensaje que trasladan los supervisores al sector es que así deberá seguir siendo hasta que no esté más clara la evolución de los impagos tras el vencimiento de la carencia de los ICOs y por las sanciones a Rusia.
