El análisis de la Comisión Europea sobre los abusos monopolísticos del gigante de los microprocesadores Intel, que se saldó hace más de una década con una multa de 1.060 millones de euros, “es incompleto” y “no permite demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos condicionales concedidos por Intel podían o podrían producir efectos contrarios a la competencia”. Es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal General de la UE que, tras una larga batalla judicial que arrancó en 2009, ha anulado la multimillonaria sanción e infligido un nuevo correctivo a los servicios de la competencia europeos.

Bruselas decidió actuar contra el gigante estadounidense el 13 de mayo de 2009 tras constatar que entre octubre de 2002 y diciembre de 2007 la multinacional había aplicado una estrategia destinada a excluir a los competidores del mercado. Los servicios de la competencia europeos alegaron dos tipos de conductas comerciales abusivas: restricciones y descuentos condicionales. En el caso de estos últimos, la empresa ofreció descuentos a cuatro fabricantes estratégicos de equipos informáticos originales (Dell, Lenovo, HP y NEC) a condición de que le compraran la totalidad o la casi totalidad de los procesadores x86.

La Comisión Europea también imputó a Intel de haber realizado pagos al distribuidor europeo de aparatos electrónicos Media-Saturn para que la empresa vendiera exclusivamente ordenadores equipados con los procesadores x86, para garantizarse así su fidelidad y reducir la capacidad de otros competidores. Según la conclusión comunitaria, todo esto hizo que Intel contribuyera a reducir la oferta para los consumidores europeos y los incentivos a la innovación.

Larga batalla judicial

El resultado fue la multa millonaria conocida y el inicio de una larga batalla judicial, con recursos y sentencias que concluyó con una primera sentencia condenatoria y un recurso de la multinacional, que en junio de 2014 vio como el Tribunal de Justicia de la UE le daba la razón y devolvía el caso al Tribunal General. Este miércoles la corte europea le ha dado finalmente la razón al considerar que el trabajo de análisis realizado por la Comisión fue incompleto y no demostró de forma suficiente que los descuentos condicionales controvertidos tuvieron efectos negativos sobre la competencia. 

La sentencia, que todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia aunque limitado a cuestiones de derecho, confirma además la anulación completa de la sanción a Intel al estimar que no se puede identificar el importe correspondiente únicamente a las restricciones manifiestas. Bruselas tiene dos meses y diez días de plazo desde que reciba notificación del fallo para recurrir. “El hecho de que hayamos perdido un caso que es de hace más de una década hace que necesitamos estudiar en detalle para ver qué podemos aprender de esta sentencia del TJUE. Necesitaremos un tiempo para evaluar la sentencia”, ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, Margrethe Vestager.