A escasos días de que se cumpla el plazo extra de dos meses que Bruselas concedió a España para justificar la prórroga ilegal de la AP-9, todo apunta a que el Ministerio de Transportes agotará el plazo máximo concedido por la Unión Europea. Así se desprende de la respuesta del ministerio liderado por Raquel Sánchez a preguntas de Faro de Vigo, diario correspondiente al mismo grupo editorial que este medio. Fuentes de Transportes aseguran que “no hay ninguna novedad” a este respecto y, por lo tanto, no habría ningún avance hasta el cierre del plazo.
Desde la asociación de consumidores afectados por los peajes de la Autopista del Atlantico, En Colectivo, afean la “opacidad” del ministerio en todo lo relacionado con el proceso de justificación de la prórroga ilegal: “Están posicionados en un hermetismo absoluto. Hemos solicitado en varias ocasiones reuniones con el ministerio y ni siquiera nos han respondido. Es una falta de comunicación completa”, denuncia Diego Maraña, presidente del colectivo.
1-Las prórrogas de los años 1994 y 2000
Bruselas consideró el pasado septiembre que ambas prórrogas no cumplían la legislación europea al no haber salido a concurso público.
2-Falta de comunicación con los consumidores
La asociación de consumidores afectados intentó reunirse sin éxito con los representantes del Ministerio de Transportes.
3-Una denuncia, germen de la instancia de la UE
En Colectivo presentó en Bruselas una denuncia contra Audasa por el cobro “indebido” de peajes durante las obras de ampliación de Rande.
4-Con la llegada de 2022, un 3% de subidas
Con la llegada del nuevo año, Audasa subió cerca de un 3% los peajes de la AP-9. Viajar de Tui a Ferrol cuesta, a día de hoy, 22,95 euros.
5-Los beneficios de Audasa a pesar de la COVID-19
Aunque el tráfico de la AP-9 descendió un 28% durante el año 2020, Audasa cerró el ejercicio con casi 128 millones de ingresos y 33,7 de beneficio.
En septiembre del año 2021, la Unión Europea consideró ilegales las dos prórrogas que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar ejecutaron en los años 1994 y 2000, respectivamente. A través de las carteras de sus ministros Josep Borrell y Rafael Arias Salgado, el gobierno del Estado ejecutó sendas prórrogas hasta los años 2023 y 2048. Según la legislación europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación, extremo que el Gobierno español no llevó a cabo.
Fue ese mismo mes cuando la Comisión Europea emitió un comunicado al ministerio instándole a “garantizar la correcta aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública y contratos de concesión”.
Aquella llamada de atención vino precedida de la denuncia que, cerca de dos años atrás, la asociación En Colectivo presentó en Bruselas contra Audasa por el cobro presuntamente indebido de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande por parte de la empresa concesionaria. Si la posición de Bruselas prospera, esperan que suponga el fin de los peajes, que con la llegada del 2022 subieron alrededor de un 3%. El tramo más largo de la Autopista del Atlántico, el que va desde Ferrol a Tui, cuesta hoy 22,95 euros.
El gran negocio de Audasa
A pesar de la limitación de desplazamientos que propició la pandemia, Audasa cerró el año 2020 con unas cuentas boyantes. Aunque se estima que el tráfico se desplomó un 28%, la concesionaria cerró el año 2020 con unos ingresos de casi 128 millones y unos beneficios de 33,69 millones. Formalmente, está en manos de Corsair. Este fondo estadounidense lidera la alianza con APG, la mayor gestora de fondos de pensiones Países Bajos, que controla alrededor del 60% del capital de la concesionaria.
Denuncian una compensación “desmesurada” por Rande
En vistas del acercamiento de la fecha en la que el Ministerio de Transportes tendrá que hacer pública su argumentación a respecto de las dos prórrogas ilegales, la asociación de consumidores afectados, En Colectivo, ha comenzado a movilizarse. Lo hacen denunciando una compensación del Estado a Audasa que consideran “desmesurada” por las obras de ampliación del puente de Rande. De nuevo, acusan de “obstruccionista” al Estado por negarles información sobre la situación de la justificación. También referencian el informe adelantado por FARO de la Comisión Galega de Competencia y cifran en más de un 600% los intereses que se llevaría la concesionaria por una obra que se presupuestó por 228 millones, según las cuentas de Audasa, pero por la que acabarán cobrando 1.465 millones.
