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Diario de Mallorca

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Proyecto de Real Decreto

El bono social eléctrico se renovará de forma automática antes de su vencimiento

El Ejecutivo prevé aprobar antes de verano una nueva norma que ampliará la base de las familias beneficiarias de esta ayuda

Factura eléctrica.

El Gobierno sacará las próximas semanas a consulta pública un proyecto de real decreto que incluye la renovación automática del bono social eléctrico, así como la ampliación de las base de las familias que pueden beneficiarse de esta ayuda. El plazo habitual de tramitación de este tipo de normas es de unos tres meses, por lo que su entrada en vigor se prevé que se produzca antes de verano, según fuentes de Ejecutivo.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura eléctrica del que pueden beneficiar los consumidores de electricidad que tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que cumpla una serie de requisitos de renta. En el caso de ser considerado consumidor vulnerable el descuento es del 25%, mientras que para el vulnerable severo es del 40%; aunque el Ejecutivo extendió estas tasas hasta el 60% y el 70%, respectivamente, hasta el 30 de abril de 2022 por la crisis de precios.

En la actualidad, el bono social tiene una vigencia de dos años, a partir de los cuales el perceptor de la ayuda puede solicitar su renovación, con una antelación mínima de 15 días hábiles. Para ello, el consumidor necesita presentar toda la documentación, como si fuera la primera vez que solicita la subvención, lo que provoca que muchos hogares se queden sin ayuda. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) incluso va más allá de la medida del Gobierno y aboga por una aplicación automática en base a criterios de ingresos, aunque esto de momento se ha descartado por parte del Ejecutivo.

En España hay actualmente 1,2 millones de beneficiarios del bono social eléctrico que, a su vez, reciben también de forma automática el bono social térmico (una especie de ‘cheque’ durante los meses de invierno para pagar parte del consumo de la calefacción con cargo a los Presupuestos aunque las comunidades autónomas son las encargadas de su reparto). Sin embargo, según un estudio de Cáritas y Foessa, recogido por la OCU, destaca que en España hay al menos 2,4 millones de hogares con dificultades severas para pagar la factura eléctrica. Según las últimas cifras del ministerio para la Transición Ecológica el 10,9% de los hogares no pudo calentar su vivienda en 2020, lo que supone más de 2 millones de hogares, si se emplea la estimación de 18,7 millones de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se incluye un incremento de 48 millones de euros para el bono social térmico respecto al año pasado (sin incluir en esta cifra las medidas adicionales puestas en marcha por el Ejecutivo para hacer frente al alza de los precios de la luz de los últimos meses) hasta los 157 millones de euros. Esto indica que el plan del Ejecutivo prevé poner en marcha estas medidas durante este ejercicio porque para ser perceptor del bono social térmico hay que ser beneficiario del bono social eléctrico.

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