Después de aprobar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del automóvil y de la salud, el Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el tercero de estos grandes proyectos: el PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA) que prevé movilizar una inversión superior a 16.300 millones de euros, de los cuales el sector público aportará más de 6.900 millones.

"Cuando vemos la volatilidad de los precios (de la electricidad), la mejor receta es impulsar la transformación de nuestro sistema para reducir la dependencia del exterior en materia de combustibles", ha indicado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros.

Según ha explicado la vicepresidenta, este proyecto ERHA estará estructurado en cuatro grandes bloques. Por un lado, se destinarán 3.588 millones de euros a medidas transformadoras que canalizarán otros 5.390 millones de capital privado y otros 3.330 en medidas facilitadoras sobre transición ecológica, movilidad de gases renovables, formación y empleo que captarán otros 4.060 millones de capital privado. Además, se establecerá un sistema de seguimiento y un sello específico, denominado Energía NextGen, que permitirá identificar soluciones fácilmente escalables o replicables en otros ámbitos del tejido productivo y la economía.

El objetivo del PERTE, por tanto, es posicionar España como referente tecnológico en estas tecnologías, consolidar las cadenas de valor de las energías renovables (España produce el 690% de los componentes fotovoltaicos y el 90% de los equipos eólicos) e impulsar la innovación en el desarrollo del hidrógeno verde y del almacenamiento que todavía están en desarrollo. Y con él se espera generar 185.000 puestos de trabajo directos e indirectos y otros 90.000 empleos inducidos, así como generar impacto en el PIB superior a 12.300 millones de euros. 

Medidas transformadoras

En concreto, al hidrógeno renovable se destinarán 1.550 millones de euros (movilizarán 2.800 millones de capital privado) que girarán en torno a cuatro líneas que abarcan desde la fase de la innovación y el desarrollo hasta su implantación comercial: la cadena de valor industrial, los proyectos singulares pioneros, la integración sectorial a gran escala, y la integración en el mercado europeo. El atractivo del hidrógeno verde radica en ser una de las pocas soluciones que existen para descarbonizar aquellos usos que todavía no pueden electrificarse como la gran industria o el transporte pesado, pero todavía no es un vector energético competitivo. Por otra parte, el monto de las ayudas destinadas a las energías renovables asciende a 765 millones, que permitirán canalizar otros 1.600 millones privados y cuyo apoyo recalará en proyectos singulares y de innovación, y el refuerzo de la capacidad de fabricación de equipos y componentes asociados a las renovables, con especial atención a las energías marinas. También en la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas nuevas –vinculado al reciclado y el tratamiento de los equipos retirados– y en el desarrollo del biogás a partir de cualquier actividad agropecuaria o de valorización de residuos, así como su conversión a biometano. Además de para apoyar proyectos piloto y costear la adaptación logística de las infraestructuras portuarias para desplegar eólica marina y de las energías del mas.

En el caso de la promoción de redes inteligentes y el despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, se establece 620 millones de ayuda, capaz de movilizar otros 990 millones privados para subvencionar iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras, incluyendo proyectos pilotos comerciales y de investigación industrial, fomentar nuevos modelos de negocio –como la agregación de demanda o la gestión inteligente de datos– y el despliegue de sistemas de almacenamiento, independientes o hibridados en instalaciones de renovables.

Primeras convocatorias

Como en el caso de otros PERTE, las ayudas se otorgarán mediante convocatorias de concurrencia competitiva que tendrán en cuenta la participación de Pymes, el impacto sobre la cohesión territorial o la transición justa, la creación de empleo o la innovación. El grueso de las líneas estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos beneficiarios se ejecutarán hasta 2026. No obstante, la vicepresidenta ha desvelado que el Gobierno prevé convocar la próxima semana cuatro primeros programas, dotados con más de 500 millones, que se resolverán el próximo año: impulso a la cadena de valor del hidrógeno renovable (250 millones de euros), proyectos pioneros de hidrógeno renovable (150 millones de euros), proyectos de I+D en almacenamiento energético (50 millones de euros) y proyectos piloto para comunidades energéticas (40 millones de euros).

Además, Ribera ha recordado que el Ejecutivo ha ejecutado ya 5.190 millones de euros destinados al ámbito de la energía con medidas destinadas a impulsar la penetración de las renovables, la eficiencia energética y la innovación. De esa cifra, alrededor de 3.500 millones han sido transferidos a las comunidades autónomas, mientras 1.690 millones se gestionan de forma centralizada por parte del Estado.