Hacienda propone que sanidad y educación pesen más en el reparto de la financiación autonómica

Según anuncia el ministerio, el documento incorpora indicadores más robustos, detallados y realistas para fijar la distribución del gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales, entre otros.

La propuesta remitida por el Ejecutivo contempla variables correctivas que tienen en cuenta también el mayor coste que implica la despoblación o la insularidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insta a las autonomías a realizar sus aportaciones al documento remitido, que está sujeto al debate y a la negociación. El plazo para proponer mejores finaliza en enero.

Así, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha remitido hoy a las autonomías el documento para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Tal y como se comprometió, el Gobierno ha trasladado una propuesta de cálculo en base a la población ajustada, una de las variables esenciales del modelo de financiación, como defendía el Consell. Con ello se busca poder mejorar el reparto de los recursos públicos en función de las circunstancias demográficas, sociales o territoriales.

El hecho de que el Gobierno central traslade a las Comunidades Autónomas de régimen común una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación para establecer un diálogo multilateral supone un cambio respecto a reformas de modelos anteriores. En concreto, se trata de una propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que comparte con todas las Comunidades Autónomas de régimen común.

Un documento que a partir de ahora recibirá las aportaciones y observaciones de todos los territorios. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha instado a que dichos comentarios y mejoras se trasladen a partir de ahora y durante el mes de enero.

El informe no sale de la nada, señala el Gobierno sino que parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas que han participado en estos foros. La propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que existe un notable consenso. 

Sin embargo, Hacienda entiende que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto. Actualmente, se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009. Por lo tanto, es posible apostar por un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y estratificado. 

El informe, de 240 páginas, incluye un examen exhaustivo (se puede consultar completo en el enlace anterior) de múltiples variables que se podrían tener en cuenta y argumenta los motivos técnicos que llevan a escoger unas en lugar de otras.

El ministerio maneja variables del distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.

Por otra parte, para complementar esta información también se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, que el actual modelo ya contempla. Además, se han incluido elementos correctores por despoblación y también se tienen en cuenta los costes fijos vinculados al gasto, que tienen impacto en las comunidades menos pobladas.

El Ministerio de Hacienda ha analizado el gasto autonómico para poder identificar la estructura del gasto para poder ponderar así de forma más exacta que la existente en el modelo actual estas variables. Y se han explotado nuevas estadísticas y datos para garantizar que la distribución de los recursos se adecúa mejor a la realidad demográfica, social y territorial de cada comunidad. 

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en 7 tramos de edad y donde se aplican unos coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios.

En la propuesta planteada a las Comunidades Autónomas, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos.

De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas de edad. En definitiva, la población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario, la edad de los ciudadanos es relevante. La mayor estratificación ha sido posible gracias a que actualmente se dispone de indicadores de uso y gasto que presentan un mayor desglose por tramos de edad. 

Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Con todos estos elementos, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%. 

Educación

El modelo actual del sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades en materia de educación tomando como variable la población de 0 a 16 años. Por tanto, quedaban excluidas otras etapas académicas como la universitaria o la Formación Profesional que en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda sí que se incorporan. De hecho, en el documento se plantean varias opciones de cómo podrían computar estas variables para conocer las preferencias de las comunidades. 

El ministerio se decanta por el siguiente modelo: evaluar las necesidades de la población no universitaria. Es decir, la población de 0 a 17 años según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras Comunidades Autónomas, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios. También evaluar las necesidades de la población universitaria. Es decir, población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades. 

Sin embargo, el documento plantea una segunda opción que incluirían la población no universitaria de 0 a 17 años y la población universitaria de 18 a 24 años. Es decir, sin incorporar los alumnos procedentes de otras Comunidades Autónomas. Una tercera posibilidad también recogida en el informe es una población no universitaria de 1 a 17 años y alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.  

La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% - 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto. 

Servicios Sociales 

En el modelo actual, el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos recursos se focalizan en las edades más avanzadas, la propuesta remitida incluye la necesidad de dividir ese grupo en dos. Es decir, un tramo sería de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80 años.

El mayor desglose permite una mejor adaptación a la realidad de este gasto. Asimismo, existe un elevado consenso en que los servicios sociales que asumen las CCAA alcanzan a una población que excede a los mayores.

Por ese motivo, como novedad se incluye en esta variable los parados sin prestación por desempleo. La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6% o un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.