Las negociaciones sobre financiación autonómica siempre han propiciado extraños compañeros de cama. Dejando muchas veces al margen la filiación a un partido político, los presidentes autonómicos acaban tejiendo alianzas entre quienes comparten criterios para que el diseño del modelo y la distribución de las transferencias del Estado caigan de su lado.
Por eso no es extraño ver al presidente de la Comunitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, sumando fuerzas con el de Andalucía, Juanma Moreno (PP); o al de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), haciendo lo propio con el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; o a la presidenta balear, Francina Armengol (PSOE), buscando unir energías con los independentistas del Govern de Cataluña de Pere Aragonès, en defensa de unos intereses que, en alguna medida, también comparte la lideresa popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cara a las próximas negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica, a los primeros les une la reclamación de la deuda histórica tras años con una asignación de recursos del sistema por debajo de la media. Los segundos comparten la demanda de un criterio que tenga muy en cuenta el mayor coste de prestar servicios entre los habitantes disgregados de la España despoblada. Para los terceros es una demanda común la del 'principio de ordinalidad': evitar que, siendo los que más aporten al sistema de solidaridad, caigan a los últimos puestos en cuanto a financiación por habitante.
Infrafinanciación
En una reciente comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a las tres alianzas de autonomías que ella misma percibe, después de las reuniones mantenidas con sus representantes. Por un lado, percibe un grupo integrado por Andalucía (PP), Murcia (PP) y Valencia (PSOE), que defienden una reforma que nivele las diferencias del actual sistema. De ahí los encuentros de las últimas semanas entre los presidentes de estas tres comunidades.
Población ajustada
Por su parte, a Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE) les une el criterio de afrontar con mayor intensidad el reto demográfico y por ello reclaman tener más en cuenta la dispersión de la población en el coste de prestación de los servicios esenciales, como sanidad y educación. Estas comunidades están especialmente atentas a la definición de "población ajustada" que debe incorporar el nuevo modelo. Este concepto determina el reparto del 70% de los fondos del sistema de financiación autonómica. Consciente de los intereses que unen a esta ocho comunidades, el gallego Núñez Feijóo (PP) invitó a los otros siete presidentes a un encuentro el 2 de noviembre, que luego quedó aplazado al día 23 y que corre el riesgo de quedar desinflado si finalmente se acaba imponiendo la lógica que enfrenta a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) por encima de las afinidades territoriales.
Ordinalidad
Madrid, Baleares y Cataluña tienen en común la petición del principio de ordinalidad, según el cual estas comunidades más ricas deberían aportar recursos a la bolsa común pero solo hasta el límite de que ello no les suponga que las autonomías receptoras estén mejor financiadas que ellas mismas. Es lo que también se conoce como "poner límites a la solidaridad" entre territorios. Madrid es la primera comunidad en recursos por habitante, Baleares es la segunda y Cataluña es la tercera. Sin embargo, Madrid es la séptima en financiación por habitante; Cataluña es la décima y Baleares ocupa el lugar 15º, y se convierte en la comunidad que menos financiación por habitante recibe del sistema entre las 15 autonomías de régimen común, según los datos de la liquidación de 2019.
Armonización fiscal
Las tres comunidades (Madrid, Baleares y Catalunya), que coinciden cuando se trata del principio de ordinalidad, discrepan sin embargo si se trata de avanzar en una cierta armonización fiscal, con la determinación de una tributación mínima en tributos como patrimonio y sucesiones. La presidenta de Madrid es firme defensora de la autonomía fiscal de la comunidad, aboga por bajar impuestos y rechaza cualquier intento de imposición mínima armonizada. En sentido contrario, la formación catalana ERC, que cogobierna en Catalunya, arrancó un compromiso de armonización a la ministra de Hacienda. La presidenta socialista de Baleares, por su parte, asume las tesis de su partido a favor de una cierta armonización fiscal entre autonomías y contra el "dumping fiscal" que, según el PSOE, practica Madrid.
Cuando se trata de este principio, también se rompen afinidades previas, como las de la Comunitat Valenciana y Andalucía, cuyos presidentes exhiben tesis antagónicas respecto a una posible armonización fiscal, que propugna Ximo Puig (PSOE) y rechazan Andalucía y Murcia (PP).
