El camino hacia una España más verde incluye unos 241.000 millones de euros, una suma equivalente a la quinta parte del producto interior bruto (PIB) anual, hasta 2030 para la implantación de energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y redes. Según recoge el plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030, esta gigantesca movilización de recursos para la descarbonización de la economía supondrá, a su vez la creación de entre 253.000 y 348.000 nuevos empleos anuales durante este periodo.
Este proceso de transición ecológica, que requerirá la colaboración público-privada, es uno de los pilares, a su vez, del plan de transformación, recuperación y resiliencia, que el Gobierno remitió a Bruselas y en el que se recogen las reformas e inversiones previstas para beneficiarse de los 140.000 de fondos europeos 'Next Generation', de los que la mitad son a fondo perdido. De los primeros 70.000 millones previstos en los primeros tres años en el plan de recuperación remitido a Bruselas, el 40,29% son para el apartado de la transición verde, apoyado en el despliegue e integración de energías renovables, infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y el despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, además de una hoja de ruta del hidrógeno renovable, una apuesta de las grandes energéticas en la actualidad -la última delas cuales es la de Repsol, con un plan de 2.500 milones hasta 2030, pero a lo que se han sumado otras grandes compañías como Endesa, Iberdrola o Naturgy, entre otras -- y la estrategia de la transición "justa".
Arcas públicas
Este volumen de actividad tendrá, a su vez, un efecto importante en las arcas públicas a través de la recaudación de impuestos que provendrán de una mayora actividad económica e industrial, con un aumento de entre 7.600 y 19.800 millones de euros "sin alterar los tipos impositivos". Y esos ingresos adicionales "pemitirían un aumento similar del gasto público". De hecho, según el plan nacional, el incremento en la recaudación permitirá cubrir todos los gastos vinculados a la financiación pública del propio Pniec, entre 2.900 y 6.900 millones y "liberar una cantidad notable de recursos para otros gastos o transferencias". Eso son en total "entre 4.700 y 12.800 millones de euros adicionales que estarían disponibles para el sector público para otros gastos, inversiones o transferencias no asociados al Pniec".
Otra de las ventajas de esta estrategia es que se podrán ahorrar un total de 67 millones de euros hasta 2030 respecto al escenario tendencial, por la reducción de la demanda de combustibles fósiles, una de las variables que más contribuye al aumento del déficit comercial español.
Además del elemento económico, las medidas de este plan se prevé que tengan una incidencia "muy positiva en términos de salud". De hecho, se estima que la mejora de la calidad del aire evitará la muerte prematura de alrededor de 2.400 personas en España en 2030.
