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Energía

El Gobierno aliviará el 'hachazo' a las eléctricas

Las compañías que apliquen precios antiguos en contratos nuevos a la industria no sufrirán el recorte de ingresos por el alza del gas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Las compañías eléctricas que apliquen precios preescalada del gas en contratos nuevos con la industria no sufrirán el recorte de ingresos por el alza del precio del gas que se vota este jueves el Congreso de los Diputados, según adelantan fuentes del Ejecutivo a EL PERIÓDICO. El Gobierno matizará, así, la principal medida del real decreto ley para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas porque considera que estas compañías no se benefician de la subida de precios, es decir, no tienen beneficios extraordinarios. 

Fuentes del Gobierno confían en que el polémico decreto se aprobará este jueves con los suficientes apoyos, pero avanzan que se elaborará posteriormente un nuevo paquete normativo (a través de un real decreto ley o mediante otro instrumento normativo) que detalle que la minoración de ingresos de las eléctricas por la subida del gas natural no aplica a quien no ha interiorizado la escalada del gas e incentive nuevos contratos de la luz a precio fijo preescalada.

Un modelo similar al del palo y la zanahoria, en el que si las si las compañías eléctricas firman nuevos contratos que se rijan por los precios actuales (en torno a los 200 euros el megavatio hora) sufrirán un recorte en sus ingresos, pero si elaboran contratos a precios previos a la escalada (en torno a 40 euros) recibirán el indulto, es decir, no se les aplicará la minoración.

Además, se podrán establecer condiciones para avalar este tipo de contratos si resulta necesario (no de forma generalizada ni automática) en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), dotado de 200 millones de euros anuales en avales públicos para la contratación de energía a medio y largo plazo por parte de la llamada industria electrointensiva.

En este nuevo diseño puede que esté la clave para que Gobierno y eléctricas puedan firmar la paz después de la guerra abierta entre ambas partes tras el ‘hachazo’ de más de 2.600 millones de euros que las medidas iniciales del Gobierno iban a propinar sobre las compañías, según cálculos del propio Ejecutivo. No en vano, los presidentes de Naturgy e Iberdrola, Francisco Reynés e Ignacio Sánchez-Galán, pusieron este miércoles sobre la mesa medidas muy similares al nuevo diseño en las reuniones que cada de uno de ellos mantuvieron ayer con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, según sendos comunicados emitidos por las firmas.

La amenaza del PNV

Después de semanas de rumores y presión de las eléctricas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió ayer la puerta a "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" para evitar "perjudicar a los consumidores eléctricos e industriales", tras una exigencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de "retocar y reorientar" la norma. El diputado jeltzale le advirtió incluso de que estaría en juego el futuro del Gobierno, en plena negociación de los Presupuestos, después de que en las últimas semanas grandes consumidores industriales como Sidenor hayan anunciado un parón en su actividad ante la escalada de precios en el suministro.

"Las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales y esto provoca que algunas empresas paren su producción y esto nos aboca a nuevos ertes", explicaba el jefe del grupo vasco en sede parlamentaria. "La solución no es tan simplona como recortar los ingresos de las eléctricas. No solo en el plano europeo se debe hacer algo ahora, sino que se debería hacer retocando y reorientando el decreto ley", le dijo Esteban a Sánchez. El peso de la energía en los costes de producción de la industria llega en algunos casos al 60%, según la asociación de grandes consumidores AEGE, por lo que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya había sugerido esta semana, tras el anuncio de Sidenor, que el Gobierno buscaba medidas para fomentar los contratos bilaterales.

Reuniones con los sectores

Ribera cerró ayer una semana de reuniones con los grandes consumidores industriales, las organizaciones de consumidores y los primeros dirigentes de las grandes compañías eléctricas. Además del fomento de los contratos fijos en la industria, el objetivo de las reuniones, según Ribera, incluía "el modo de evolucionar las medidas" del decreto y conseguir una mayor contribución de las empresas para "dar cobertura" a los más vulnerables.

Lo que no hará el Ejecutivo es tramitar el decreto como un proyecto de ley, para que los grupos puedan introducir modificaciones vía enmienda. Desde el departamento de Ribera indican que la discusión parlamentaria llevaría seis meses, y para entonces la norma, diseñada como un plan de choque y temporal, perdería su efecto. De ahí que se plantee dar luz a un nuevo decreto ley o habilitar otro mecanismo que haga que la minoración de ingresos de las eléctricas no se aplique a quienes han mantenido los precios prerally.

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