El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que destinará 4.300 millones de los fondos europeos para impulsar el coche eléctrico y conectado. El corazón del proyecto, enviado el lunes a la Comisión Europea para su evaluación, está formado por los 3.000 millones de euros destinados a transformar la cadena de valor industrial que gestionará íntegramente el ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de una convocatoria de ayudas que se pondrá en marcha en octubre.

Para concurrir a estas ayudas, las empresas deben formar una agrupación con “al menos” cinco compañías, de las cuales el 40% deberán ser pymes, con presencia en dos comunidades autónomas como mínimo y que integren a una entidad proveedora de conocimiento (centro de I+D+i, ya sea público o privado).

Con esta premisa inicial, las agrupaciones empresariales deberán incluir un proyecto de fabricación y ensamblaje de "equipos" originales, una fábrica de baterías o de pilas de hidrógeno y una fábrica de componentes. Estos bloques son obligatorios para concurrir a las ayudas y a ellos se pueden añadir otros adicionales como la fabricación de vehículos eléctricos inteligentes, el desarrollo de microprocesadores y conectividad y la fabricación de sistemas de recarga.

En alguna parte de todo el eslabón, especialmente en el caso de la fábrica de baterías o pilas de hidrógeno, la agrupación de empresas podrá contar con la presencia del Estado como “facilitador” del proyecto al dar una “señal positiva al mercado que atraiga la inversión”. Es el caso del consorcio público-privado formado por el Gobierno, Iberdrola, Seat y Telefónica, entre otras empresas, que se ha comprometido a establecer una fábrica de baterías en España.

Este grupo de empresas fue el encargado de definir este proyecto estratégico junto otras diez empresas entre las que se encuentran las productoras de componentes Gestamp, Antolín y Ficosa, la de fabricación de baterías (aunque a menor escala) Mindcaps (filial de Phi4tech, fabricante de baterías) o la ingeniera Delta Vigo, aunque según el departamento que dirige Maroto, este grupo deberá presentarse, como el resto, a la convocatoria de ayudas de manera formal.

Más allá de este grupo definido, el Gobierno dará tiempo hasta octubre al resto de empresas para culminar los detalles para la formación de estas agrupaciones. El resultado final se desvelará en el mes de febrero, según ha desvelado la ministra Reyes Maroto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para la gobernanza del proyecto, se creará una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado que contará con los ministerios implicados y la mesa de la automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicados y las comunidades autónomas. Esta alianza estará presidida por la titular de Industria, Comercio y Turismo, y con un vicepresidente encargado de la labor diaria que será “una persona de reconocido prestigio con capacidad de liderar este proyecto”.

El objetivo del PERTE es crear un ecosistema de desarrollo del vehículo eléctrico y conectado que afecte a toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas como el litio, a la fabricación de modelos y equipos originales, investigación y desarrollo, producción baterías y la infraestructura de recarga necesaria. Como detalle, en las ayudas no se incluye la extracción litio, aunque sí su transformación.