En 2021, la economía española deberá hacer frente todavía a la continua incertidumbre derivada de la emergencia sanitaria. Por eso, la política económica deberá seguir protegiendo a los más vulnerables y estimulando al mismo tiempo la recuperación.

El punto de partida de este año nos permite ser relativamente optimistas, aunque somos conscientes del camino que queda por recorrer. A pesar de la histórica caída de la actividad durante el primer semestre de 2020, el crecimiento del segundo semestre ha permitido recuperar el 60% de la caída inicial acumulada. Por eso la caída del PIB en el conjunto del año, del 11%, ha sido más suave que lo esperado por los analistas y los organismos internacionales, e incluso ligeramente inferior a lo previsto por el propio Gobierno, que hizo una estimación prudente.

En todo este proceso, las medidas de protección de rentas de los hogares y de financiación de las empresas han sido fundamentales: han limitado el efecto de una crisis devastadora para todos.

Las medidas tomadas a nivel europeo han jugado un papel crucial. Gracias a un acuerdo histórico en el Consejo Europeo, se movilizarán hasta 750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, a los que habrá que sumar los 1'074 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. En este reparto, la inversión verde representará al menos un 37% del total, y la digital, otra de las prioridades marcadas por la Comisión Europea, el 33%.

Esta ingente movilización de recursos supone la mayor oportunidad de las últimas cuatro décadas para la transformación de nuestro país. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tuve la oportunidad de presentar el pasado 7 de octubre, es un plan coordinado de inversiones y reformas, en el que ambas deberán reforzarse mutuamente para permitir que la recuperación económica sea más vigorosa y justa que la que vivimos en 2008. Contribuirá al aumento de la productividad, al crecimiento potencial de nuestro país y a la reducción del desempleo estructural —que afecta especialmente a los jóvenes—; favorecerá la creación y la competitividad de nuestras empresas; permitirá la transición hacia un sistema energético limpio, el impulso a la ciencia y la I+D+i, y la rehabilitación urbanística para conseguir ciudades más saludables; y facilitará una mejora en la distribución de la renta gracias al refuerzo de la igualdad de oportunidades y del Estado del Bienestar.

El Gobierno prevé para 2021 un crecimiento inercial del 7%, cifra que podría aumentar al añadirse el impacto de los 27.000 millones de euros de fondos europeos que se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Nuestro objetivo es seguir protegiendo a los más vulnerables, salvaguardar el tejido productivo —como se ha hecho a través de los ERTE— y lanzar incentivos para la reactivación de la economía. Todo ello, junto con la implementación del PRTR, deberá impulsar el crecimiento sustancialmente.

Para conseguirlo, sin embargo, es fundamental que todos —Gobierno, oposición, agentes sociales, Comunidades Autónomas y el resto de administraciones— trabajemos juntos, sumando esfuerzos y mostrando la máxima responsabilidad. Solo así lograremos un crecimiento sostenible y sólido sin dejar a nadie atrás.