El virus y la posterior respuesta europea a través del fondo de reconstrucción han convertido a la Secretaría de Estado de Digitalización, que dirige Carme Artigas (Vilassar de Mar, 1968), en parte esencial del vehículo bimotor con el que el Gobierno pretende impulsar la salida de la crisis, a partir de la digitalización y la transición ecológica. «Hay estudios que dicen que se han acelerado siete años los procesos de digitalización. Durante la pandemia se han multiplicado por 500 los trámites online y son ya 10 millones las personas identificadas con certificado digital». Así lo apuntó Artigas esta semana en un coloquio, celebrado de forma telemática, sobre la transformación digital de la sociedad y la economía.
La economía digital ya aporta el 19% al PIB español, «es el segundo sector tras la construcción» y el propósito es duplicarlo para acercarlo a la media europea, que alcanzará el 40% a principios de 2022. «Tenemos una oportunidad, que son los planes de reconstrucción y resiliencia de la Unión Europea que permitirán que España dispongan de unos 72.000 millones de euros en transferencias europeas de los que aproximadamente el 33% lo vamos a destinar a la digitalización», apunta.
Avanzar en la alfabetización
Artigas reconoce que, si solo pudiera hacer una cosa para cumplir sus objetivos en los próximos cuatro años, «elegiría el Plan Nacional de Competencias Digitales». Es el programa incorporado al Plan España Digital 2025, con el que se pretende avanzar en la alfabetización digital de toda la sociedad: «Sin eso nada de lo que hagamos en infraestructuras de conectividad, software o desarrollo de la industria tendrá éxito», argumenta.
Se calcula que en España solo el 43% de la población tiene competencias digitales. «Queremos formar al 80% de la población española en habilidades digitales antes de 2025 asegurando que como mínimo el 50% son mujeres», prosigue, y para ello los planes y dotaciones incorporados en el Plan España Digital 2025 ponen el foco en la educación primaria y secundaria, la formación de los profesores y el desarrollo de nuevos grados de formación profesional y carreras universitarias. Pero también, en la formación de los parados y personas en ERTE, «porque cuando vuelvan a su puesto de trabajo ya no será el mismo», y, de forma muy especial, en las pymes: «Menos del 19% de ellas utilizan comercio electrónico, tienen presencia en web o usan los datos para tomar decisiones. Y esto es un gap que hemos de resolver».
Desde el punto de vista de la secretaria de Estado, el tamaño no es lo que determinará el éxito de una empresa, sino su digitalización. Y la prueba de ello -explica- es la competitividad que puede lograr una start-up por pequeña que sea.
Artigas espera que el Gobierno pueda llevar al Congreso de los Diputados «en los próximos meses» una nueva ley de start-ups que incluirá un nuevo tratamiento fiscal de las stock options (remuneración en forma de acciones) y nuevos mecanismos de financiación orientados, también, a la fase de maduración y crecimiento. Además, se prevé la puesta en marcha del Next Tech, un fondo de capital riesgo público-privado, así como la Oficina Nacional de Emprendimiento (cuya sigla ONE, Artigas pronuncia como si fuera el número uno en inglés). «Estamos trabajando por si algunas de las medidas pueden encontrar cabida en otras leyes en curso y poder ir un poco más rápido», anuncia.
En conexión con las autoridades de la UE, la secretaria de Estado está trabajando para fijar las bases de la nueva soberanía digital europea. «Europa no lo hizo bien en la última década. No fue capaz de crear gigantes digitales, pero ahora tiene una gran oportunidad para posicionarse como líder en los datos», augura Artigas.
Soberanía digital europea
«El 80% de los datos que va a tener la datasfera en 2025 aún no se han creado. Más de la mitad de ellos van a ser industriales», señala. En su opinión, el concepto de soberanía digital europea tiene que ver con esto: «Los datos son la materia prima del conocimiento y de las ventajas competitivas que nuestras empresas van a tener en el futuro. Tenemos que preservar los datos de los ciudadanos europeos, de su industria, y para eso vamos a ver nuevas leyes. Queremos que los datos se traten en Europa, que se procesen en Europa, en nubes europeas, y que no haya copias de los datos de nuestros hijos en el entorno educativo en un servidor de EE UU. Esos son los datos que queremos preservar y esta va a ser nuestra European way, la manera europea de hacer las cosas, poniendo las personas en el centro, la ética y la privacidad de los datos».
Aquí cobra sentido la Carta de Derechos Digitales que ha lanzado la Secretaría de Estado de Digitalización, en fase de consulta pública. Son 24 derechos, como los relativos al seudoanonimato, a no ser geolocalizado ni perfilado, a la herencia digital, a la desconexión digital… «Lo más vanguardista es haber hecho esa carta», resuelve Artigas. «No ha habido antes ningún país en el mundo que haya hecho una carta de derechos digitales. Somos los primeros y queremos liderar ese debate en clave nacional e internacional, poniendo el sello distintivo de este Gobierno. El desarrollo tecnológico no se puede hacer a cualquier precio».
