Finalmente, sí habrá un nuevo real decreto ley del Gobierno y finalmente sí se permitirá a los ayuntamientos disponer de hasta 3.000 millones de euros. El Ejecutivo protagoniza así una rectificación total respecto a la postura mantenida hasta el pasado viernes, cuando advertía de que no aprobaría ningún nuevo texto después de que el promovido en verano fuera tumbado por el Congreso el jueves.

Un día después de la durísima derrota en la Cámara baja — Hacienda perdió su decreto por 193 votos frente a 156—, el Gobierno sí reconocía que alguna salida tenía que dar al problema de los ayuntamientos, que sufren una asfixia financiera por el covid, con la paradoja de que cuentan con recursos, pero no los pueden tocar porque se lo impide la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y el reformado artículo 135 de la Constitución. La ministra y portavoz, María Jesús Montero,, quería tomarse unos días de reflexión para estudiar una fórmula. La presión no solo venía de fuera, sino también de dentro, porque en el PSOE varios presidentes autonómicos manifestaron a Pedro Sánchez el viernes que había de buscarse un resquicio legal para aliviar la situación de los municipios. El presidente se comprometió a examinarlo.

Este lunes ya hay una decisión, adelantada por 'Al rojo vivo' (La Sexta) y confirmada posteriormente por la propia Montero en el programa. La solución puesta encima de la mesa fue cerrada durante el fin de semana por la ministra con Sánchez y consiste básicamente en que se impulsará un nuevo decreto ley para que los consistorios tengan más recursos y mayor margen presupuestario. El impacto calculado de las nuevas medidas será de 3.000 millones de euros, y lo que se hará es incluir en el texto las medidas más urgentes e "imprescindibles" para los ayuntamientos, que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que "aparentemente" generaron mayor consenso parlamentario.

¿Qué se incluirá en el nuevo decreto ley, que aún no tiene fecha de aprobación en el Consejo de Ministros?

-Se suspenderá la regla de gasto para el año 2020. Hacienda no descarta suspendera también para 2021, como piden las corporaciones locales, pero advierte de que deberá hacerse a través de otra ley —quizá vía proyecto de Presupuestos del Estado—. Lo que se busca ahora es dar salida a una situación de "extrema necesidad" para las administraciones municipales.

-Se prorrogará para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.

-Se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial, calcula Hacienda, podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.

-Los ayuntamientos con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

-Se permitirá asimismo que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con los bancos. Esta medida, subraya Hacienda, "permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste". "Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería", añade.

-Se establecen también las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018. Esto supone para los municipios 634 millones.El papel de las diputaciones

-Se recupera igualmente la instrumentación de los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de los ayuntamientos en tributos del Estado para el fin del ejercicio. Estos importes, indican en el equipo de Montero, "se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas". Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

-Se permitiría que las diputaciones provinciales puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Esta era una de las quejas de los ayuntamientos con déficit, que consideraban que el decreto anterior les dejaba fuera, ya que preveía la cesión de los remanentes al Estado en forma de préstamo. Así, según anticipa Hacienda, las diputaciones podrán formalizar préstamos con los consistorios y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.

-Por último, se establece un procedimiento de tramitación urgente de "modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria".

En definitiva, según explicó Montero en La Sexta, se trata de que "el 85% de las medidas" contenidas en el anterior real decreto ley (el derogado), y que contaban con un consenso "amplísimo" se recuperen ahora a través de un nuevo decreto. La ministra no quiso hablar de rectificación como tal. "El Gobierno se mueve, no esconde la cabeza", indicó, y da respuesta a "problemas crónicos" que llevaban casi diez años sin resolverse, ya que la ley de estabilidad presupuestaria es de 2012. Y como los grupos no han presentado "una alternativa", el Ejecutivo es quien decide maniobrar.