El alud de solicitudes para percibir el nuevo ingreso mínimo vital, ante la escalada súbita de la pobreza provocada por la crisis del coronavirus, tiene saturadas las oficinas de la Seguridad Social. Los trabajadores del INSS han alcanzado a tramitar menos del 20% de las 750.000 solicitudes presentadas desde que se puso en marcha este subsidio el pasado 15 de junio. Y del total de expedientes gestionados, unos 143.000, el ratio de denegaciones ronda el 50%; según los datos publicados este jueves por la Seguridad Social. Los errores a la hora de presentar la documentación y exceder los límites de renta o patrimonio establecidos por ley son los principales motivos que ha aducido el ministerio dirigido por José Luís Escrivá. Actualmente, 80.000 familias ya perciben esta renta

El colapso que vienen denunciado los trabajadores del INSS, las entidades del tercer sector y los potenciales beneficiarios de esta renta mínima se va traduciendo en cifras de gestión. Tras los primeros 74.000 subsidios convertidos de oficio en el mes de junio, la plantilla de la Seguridad Social comienza a abordar la avalancha de solicitudes que ha ido recibiendo en los últimos dos meses y medio. El volumen es muy elevado, tal como ha destacado el ministrio de Escrivá en su comunicado de este jueves. Pues la cifra de 750.000 solicitudes presentadas equivale a todos los expedientes para nuevas pensiones que llegan a la Seguridad Social a lo largo de un año.

La avalancha de solicitudes es proporcional al atasco. Según los datos aportados por el ministerio de Escrivá, a fecha del 17 de agosto se han tramitado 143.000 solicitudes, de las que 74.000 ya tenía resueltas de oficio. Es decir, de las 69.000 solicitudes de nuevo ingreso, cerca de la mitad (36.800) han sido rechazadas. El resto, o bien han sido aceptadas (unas 6.000) o bien están pendientes de nueva documentación (25.800). Si el objetivo que se marcó el Gobierno en su diseño del IMV era que 850.000 familias llegaran a cobrar este subsidio, de momento lo perciben 80.000 familias, el 9,4%.

Con el objetivo de acelerar los trámites durante los proximos meses, la Seguridad Social está pendiente del 'ok' de Hacienda para incorporar 1.250 interinos para reforzar su plantilla; tal como avanzó El Periódico. Escrivá también ha suscrito un contrato para incorporar a otros 500 trabajadores de refuerzo de la empresa semipública Tragsa, por el que desembolsará 6,1 millones de euros.