El cierre económico de sectores no esenciales está resultando un calvario para el Gobierno. Además de las duras críticas que levantó entre unos presidentes autonómicos en pie de guerra, el Ejecutivo tuvo dificultades para delimitar a qué actividades afecta y cuáles deben ser exoneradas del cerrojazo. El trabajo a contrarreloj fue tan espinoso que el decreto en el BOE se publicó poco antes de medianoche, en medio de una enorme tensión.

A escasos minutos de su entrada en vigor no se sabía qué empleados iban a tener que dejar de ir a su centro de trabajo y cuáles no. Desde que Pedro Sánchez lo anunció, el sábado por la tarde, hasta ese momento, varios departamentos estuvieron trabajando para "afinar" la redacción del texto. Finalmente, ante los problemas de parar abruptamente algunas actividades, el Gobierno se vio obligado a incluir 'in extremis' una moratoria.

"En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial", establece el decreto.

Además, en disposiciones transitorias, se establecen excepciones puntuales y limitadas para "aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o desproporcionada por el permiso establecido en el presente real decreto ley "y "el personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley".

La introducción de la moratoria y la tardanza en publicar el documento en el BOE sirvió de argumento a la oposición para volver a cargar contra la "improvisación" del gabinete de Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, consideró "inadmisible" la actitud del Gobierno.