Porque era uno de los países más bancarizados del mundo y porque la excesiva exposición al sector inmobiliario en los años de la burbuja carcomió los balances de las entidades, singularmente los de las cajas de ahorros, España se ha convertido en el país europeo, de entre los más grandes, que ha realizado un ajuste más profundo en su sistema financiero. Han desaparecido empresas, han cerrado innumerables oficinas y se ha ido a la calle un montón de trabajadores, en su mayoría bien indemnizados, pero, a cambio, ha mejorado la productividad y la eficiencia se ha deteriorado, aunque menos que en los competidores del continente.
Los datos son elocuentes y figuran en un estudio elaborado por Ángel Berges, Federica Troiana y Fernando Rojas, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), para el último número de Cuadernos de Información Económica que publica la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). El número de empleados de banca en España se ha reducido en la década comprendida entre 2007, cuando empieza la crisis, y 2017 en un 31,6 %, diez veces menos que en Francia, donde ha bajado un 3,1 %, y también muy superior al 8,1 % de Alemania o el 12,8 % de Italia. En oficinas sucede algo parecido: un 38 % en España por un 2,9 % en Francia, un 17,6 % en Alemania y un 19,4 % en Italia. Esto quiere decir que España, que ha cerrado casi 10.500 oficinas, tenía en 2007 tantas o más sucursales que los otros tres países, los tres mucho más poblados aunque solo Francia superior en tamaño.
Tres fases
El informe detalla tres fases en el ajuste bancario español. Una primera entre 2009 y 2012 de ritmo de cierres "muy lento" porque las fusiones de cajas "tenían escasas redundancias". En la segunda, correspondiente a 2012 y 2013, se acelera la reestructuración sobre todo por las exigencias a las entidades nacionalizadas. La tercera "se inicia en 2015 y está muy lejos de terminar" por el cambio de modelo de negocio en el que está sumido el sector por los tipos "ultrarreducidos" y el cambio tecnológico hacia la banca digital.
Los autores explican que el ajuste era necesario para mejorar la productividad en un contexto de fuerte descenso del volumen de negocio, definido este como la suma de la inversión crediticia y los recursos de clientes, tanto depósitos como fondos de inversión, planes de pensiones o seguros. La reducción crediticia ha sido "más intensa" por el desapalancamiento del sector privado, que no ha concluido. "En la medida que los ajustes de oficinas y empleados han sido más intensos que el descenso registrado en el volumen de negocio ello ha permitido mejorar sustancialmente la productividad, tanto por empleado como por oficina", afirman los autores, que, no obstante, añaden que una productividad basada solo en el volumen de negocio "sería totalmente errónea" porque también se ha producido "una intensa caída en la rentabilidad del mismo". Y es que la mayor aportación de las comisiones, sobre todo en operaciones fuera de balance, "no ha sido suficiente para compensar el fuerte descenso del margen de intermediación" por los tipos en negativo.
En consecuencia, la productividad "apenas ha mejorado cuando se mide en términos de margen generado por empleado u oficina". Se trata de "un estancamiento" paralelo a un incremento en los gastos unitarios, cuya "resultante agregada es un claro deterioro de la eficiencia", aunque "menos que en los grandes países europeos".
El informe detalla que hay dos factores que explican la dicotomía entre ajuste de capacidad y reducción de gastos. Los costes laborales han crecido un 10 % en el período, lo mismo que la inflación acumulada, y eso se debe a que el recorte laboral se ha centrado mucho más en las oficinas que en los servicios centrales, donde los costes eran mayores, y al "devengo y tratamiento contable de los costes asociados" a los despidos y, en particular, a las indemnizaciones pactadas en ERE y prejubilaciones, "que dilatan la materialización del ahorro en costes laborales". El otro son los gastos asociados al nuevo modelo de negocio volcado en lo digital.
Balears, entre las más afectadas por el cierre de oficinas
En 2018 cerraron en España 1.314 sucursales bancarias, lo que vino acompañado de recortes de personal. A finales del pasado año, estaban operativas un total de 26.166 oficinas, un 4,7% menos que doce meses antes, según los últimos datos del Banco de España. Entre las más perjudicadas se situaron Balears (-7,53%) y Cataluña
(-7,34%).
