El Gobierno asumirá los Presupuestos por "responsabilidad"

Montero ha protagonizado hoy la primera intervención parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez para defender unas cuentas que ha asegurado no compartir -fueron elaborados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy- pero que acepta como un "paréntesis para que no se paralice el país".

Ante las continuas protestas de los senadores del PP, que han obligado a la ministra a interrumpir varias veces su discurso, Montero ha explicado que el Gobierno podría retirar el Presupuesto y presentar uno nuevo, pero que entonces éste entraría en vigor a final de año y, mientras tanto, se aplicarían las cuentas de 2017 prorrogadas, que considera peores que las de 2018.

En lugar de ello, ha pedido a la Cámara que culmine la tramitación de las cuentas de 2018 para después volcar los esfuerzos en las de 2019, cuyo techo de gasto tendrá que aprobarse en las próximas semanas.

El futuro presupuesto, ha avanzado, pondrá el acento en las políticas sociales, el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y el avance hacia un modelo económico sostenible y equitativo, sin olvidar el respeto al déficit público y la estabilidad presupuestaria.

Se ha mostrado dispuesta a dialogar con los grupos sin "soberbia" porque ahora arranca "un nuevo tiempo", con una ciudadanía "más madura, exigente", que reclama "más diálogo y acercamiento".

Sin embargo, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha calificado de "esperpento" el discurso de Montero, ya que, por un lado, no ha presentado un presupuesto basado en la nueva estructura de Gobierno formada por 17 ministerios y, por otro, asume unas cuentas que, a su vez, rechaza y son vetadas por las mismas formaciones que han apoyado a Pedro Sánchez.

Las cuentas han superado hoy la votación de los cinco vetos presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu con el rechazo de la mayoría del PP y los votos del PSOE, entre otros.

La tramitación continúa mañana con el debate y votación de 56 vetos a las secciones, que previsiblemente serán rechazadas con la mayoría absoluta que el PP tiene en esta Cámara.

Posteriormente, arrancará el debate de las miles de enmiendas parciales, cuyo plazo de registro ha terminado esta mañana, primero en la Comisión de Presupuestos y después, la próxima semana, en el Pleno, de manera que podrían estar aprobadas el lunes 18 de junio.

Entre estas enmiendas figuran las presentadas por el PP, que previsiblemente se aprobarán, lo que implicará la devolución de las cuentas al Congreso y obligará a conformar allí una mayoría que las acepte o rechace.

Las enmiendas del PP suman modificaciones de gasto por algo más de 35 millones de euros, que se detraen de partidas que afectan de alguna manera al País Vasco.

Así, el PP propone mejorar el transporte público en zonas rurales con 26,6 millones, un dinero que hasta ahora iba al Servicio Vasco de Empleo.

También plantea destinar 5,5 millones a desplegar banda ancha en polígonos industriales y varias exenciones fiscales por 3 millones, en lugar de investigar la electromovilidad en Cidetec y desarrollar proyectos del Biscay Marine Energy Platform, como se había pactado con el PNV.

Además, el PP ha incluido otorgar ayudas millonarias a los afectados por Talidomida entre 1950 a 1985 y que éstas sean compatibles con cualquier pensión pública o prestación complementaria como las ya concedidas en 2010 a los afectados de 1960 a 1965.

Asimismo, cambios para fomentar la movilidad eléctrica así como para impulsar el Corredor Mediterráneo ferroviario y acelerar el tramo Almería-Murcia, con el fin de anticipar un año su finalización, a 2023.

Las cuentas afrontan 5.386 enmiendas parciales, de los grupos popular, que incluye al PAR (48); Unidos Podemos (2.221); ERC (1.265); Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña-Coalición Canaria (968) y mixto (885).