09 de enero de 2018
09.01.2018
Comisión de investigación

Rato carga contra Guindos por la caída de Bankia

Culpa al Gobierno de Zapatero de relajar las exigencias a los bancos y causar la crisis del crédito

09.01.2018 | 17:19
Rato carga contra Guindos por la caída de Bankia
El que fuera vicepresidente y ministro económico de los gobiernos de José María Aznar, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, encargó a "los principales competidores de Bankia" la previsión de las provisiones que podría necesitar la entidad que presidía, antes de su nacionalización, y que estos mismos bancos fueron "los grandes receptores de los depósitos que salieron" tras su rescate.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Rato ha añadido que el Banco de España fue excluido de estos encuentros, y ha llegado a decir que, en realidad, se le ocultaron.

"Durante mis conversaciones con Guindos sobre Bankia en marzo, abril y mayo de 2012, este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia", ha manifestado, añadiendo posteriormente que "estos mismos competidores fueron, sin duda, los grandes receptores de depósitos que salieron de Bankia tras su nacionalización en el verano de 2012".

Asimismo, ha asegurado que "en ninguna de estas tres reuniones estuvo presente el Banco de España". "En mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones", ha dicho, recalcando que, mientras, el supervisor, gobernado entonces por Miguel Ángel Ordóñez, se encontraba aprobando las propuestas de aprovisionamiento que le hacía Bankia para cumplir con las exigencias del decreto Guindos I.

Durante su comparecencia como testigos en la causa judicial que investiga la fusión que dio lugar a Bankia, y su posterior salida a Bolsa, los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín; de CaixaBank, Isidro Fainé, y del BBVA, Francisco González, admitieron en mayo de 2013 ante el juez Andreu que fueron convocados los días 4 y 6 de mayo de 2012 por el ministro Luis de Guindos para abordar con él y con Rodrigo Rato la preocupación que existía en los mercados internacionales por Bankia.

"La exclusión del Banco de España"

Posteriormente, Rato ha insistido en la "exclusión del Banco de España" en la operación de rescate de Bankia, tanto a la hora de decidir el aprovisionamiento en las reuniones a las que no acudió, como en la posterior inyección de capital, solicitada por el nuevo equipo del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como consecuencia de la reformulación de las cuentas.

En este sentido, ha recordado que el entonces gobernador aludió a que se le había "exigido silencio", y que la inyección de 19.000 millones no tuvo en cuenta su opinión --a pesar de que "por ley tiene que decidir sobre los bancos", ha dicho--. Esta cifra, ha recordado, también contravino la opinión de Oliver Wyman, firma auditora contratada por el Gobierno de Rajoy para evaluar el estado de la banca.

"(Este informe) Solo respaldaba 19.000 millones en el escenario más estresado, y en un plazo de tres años", ha subrayado, recordando que, en su comparecencia ante la comisión de investigación, el entonces subgobernador Javier Aríztegui aludió a ese informe diciendo que, de toda la banca, únicamente había que aprovisionar 4.000 millones de crédito inmobiliario renegociado.

"La reformulación de cuentas fue ilegal"

"Deloitte no firmaba las cuentas. Tenía, por contrato y por ley, que dar su opinión. No la dio, pero la había dado informalmente", ha aseverado, asegurando que el 19 de abril señaló en un documento que "no tenía ninguna salvedad". "Si hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley, y que nadie se le ha exigido, y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer", ha apostillado.

Esta reformulación, ha insistido, fue ilegal, y ha asegurado que así lo consideran todas las partes de la causa abierta por la Audiencia Nacional. "El juez, el fiscal, el FROB, los peritos, los peritos privados... Todos coinciden en que la reformulación es ilegal. Hasta el FROB, que es el primer accionista de Bankia", ha aseverado.

Así, ha explicado que el agujero patrimonial de casi 3.000 millones no debían haberse contabilizado, según las normas internacionales y españolas de contabilidad, ya que eran consecuencia de cifras o efectos económicos posteriores a unas cuentas ya cerradas.

Critica a Deloitte por no cumplir la ley

A renglón seguido, ha cargado contra Deloitte por no ratificar formalmente las cuentas, a pesar de dar opinión favorable de manera informal, y después dar la luz verde a la refomulación. "No cumplió su obligación legal y contractual de dar su opinión sobre el 2011 y, sin embargo, da su opinión favorable de unas cuentas en la que todo el mundo coincide, hasta el primer accionista de Bankia, que son ilegales", ha manifestado.

Por último, ha negado tener responsabilidad alguna del rescate de la entidad, traspasándola a los diputados, por controlar la acción del Gobierno, a los nuevos gestores de la entidad tras su salida, y al propio Ejecutivo, recordando también que Guindos afirmó ante el Congreso que daría a los nuevos gestores lo que pidieron y que el propio Goirigolzarri amenazó con dimitir si no se inyectaban esos 19.000 millones.

"Ustedes (en referencia a los diputados) son responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron 4.600 millones que me dio el FROB. Se pidieron por responsables nuevos de Bankia, al Gobierno, sin contar con la opinión del Banco de España, en base a una reformulación que ahora dicen que es ilegal. ¿No es este el Parlamento? ¿No son los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen todo ahí", ha declarado.

Carga contra el Banco de España

También el Banco de España ha sido objeto de críticas por parte de Rato, que ha desautorizado este martes a los peritos judiciales de este organismo Antonio Busquets y Jesús Sánchez en la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad al asegurar que no han mantenido siempre un criterio homogéneo en los tres informes que han enviado al juzgado.

"Podría decirse que los peritos judiciales se han peritado a si mismos en dos ocasiones", ha sostenido Rato. En este sentido, el expresidente de Bankia ha recordado que en la primera de las conclusiones los peritos judiciales afirmaron "rotundamente" que las cuentas presentadas por BFA/Bankia en su salida a Bolsa no reflejaban su imagen fiel, al recoger provisiones por 6.913 millones de euros netos que no existían.

Respecto al tercer informe, Rato ha criticado que los peritos judiciales no mencionasen que la formula de cargar contra reservas y no contra resultados los ajustes a valor razonable en la creación del BFA fueron utilizados en el resto Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

En esta línea ha explicado que cargar el ajuste contra resultados hubiera provocado "cuantiosas pérdidas" que hubieran hecho imposible la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja en Bankia.

Rato también ha criticado que las provisiones para la incorporación de Bancaja en el SIP fueron superiores a las estimadas inicialmente por el Banco de España.

"En julio de 2010 el Banco de España me llamó al despacho del gobernador para introducir a Bancaja en el SIP, de ese despacho se nos trasladó al del subgobernador para que avanzásemos de urgencia en la incorporación", ha revelado Rato, que agrega que el organismo acababa de finalizar una inspección de dos años en Bancaja.

Así, Rato ha señalado que un análisis encargado en otoño de ese mismo año a PwC reveló una provisiones necesarias de 6.900 millones de euros en la entidad, "que resultaron ser mayores que las demandadas por el Banco de España.

Acusación al Gobierno de Zapatero

Por otra parte, Rato ha responsabilizado a la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de relajar las exigencias a las entidades financieras y provocar la burbuja de crédito.

Rato ha lamentado que, tras su mandato, se abandonara el consenso político para elegir la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a pesar de los acuerdos alcanzados con el PSOE anteriormente para "evitar la politización de la cúpula" del organismo supervisor.

"Un consenso que, lamentablemente, se abandonó en siguientes legislaturas, junto con la aplicación de las provisiones contracíclicas, que también se abandonaron", ha aseverado. Estas provisiones -ha recordado que el sector financiero español las usó de forma "pionera" durante su mandato- cayeron de forma "intensa" durante los años 2005 y 2006, ya con el PSOE en el Gobierno, según datos del Banco de España esgrimidos por Rato.

En este sentido, ha subrayado que, según el propio Banco de España, "se comprueba la explosión de crédito a partir de 2004", ya que si bien la relación de crédito con PIB "no superó el 120% hasta 2003", este indicador "se elevó hasta el 210% en años posteriores".

Actualmente, Rato se enfrenta en la Audiencia Nacional a juicio oral por la salida a Bolsa de Bankia en un proceso del que se le acusa de falsedad de cuentas y fraude a los inversores, por los que la Fiscalía solicita cinco años de prisión. También tiene otra causa abierta en la Audiencia Provincial de Madrid, sobre el presunto origen ílicito de su patrimonio, donde es investigado, entre otras cuestiones, por delitos fiscales y corrupción entre particulares.

Comparecencia de los ministros económicos de Zapatero

Después de Rato, serán los ministros económicos del expresidente Rodríguez Zapatero los que den explicaciones de las actuaciones llevadas a cabo antes y después de la crisis económica. Durante las sesiones de la comisión, muchas de las intervenciones han apuntado a que el retraso a la hora de adoptar medidas y su falta de contundencia agravó los efectos de la crisis económica.

De hecho, Pedro Solbes, ministro hasta 2009, que llegó a asegurar que España no se vería afectada por la crisis hipotecaria estadounidense, reconoció años más tarde su exceso de optimismo ante las primeras dificultades económicas, durante las que avalaba la solvencia y solidez del sistema financiero español.

Su sucesora en el cargo, Elena Salgado, justificó en 2012 en el Congreso, ya fuera del Gobierno, que el Ejecutivo socialista descartó aplicar medidas de choque ante la crisis con el fin de que el país no fuera intervenido por autoridades internacionales.

El Gobierno y el 'caso Bankia'

Asimismo, también negó que el Gobierno socialista jugara un papel activo en la constitución de Bankia y su salida a Bolsa, e incluso afirmó que cuando tuvo conocimiento de la unión de Caja Madrid y Bancaja, esta ya estaba ultimada.

Sobre ella también recae la acusación de haber realizado presiones a importantes inversores para garantizar un exitoso debut de la entidad en los mercados, como la lanzada por el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que calificó la salida a Bolsa como una "operación política del Gobierno Zapatero".

A pesar del interés de sus comparecencias, la comisión de investigación ha optado finalmente por un formato que incluye una intervención inicial del compareciente y, a partir de ahí, un intercambio de intervenciones con los grupos, pero sin el careo pregunta-respuesta habitual en otras comisiones de investigación.

CNMV y la judicalización de los desahucios

Las sesiones de la comisión se completarán con las intervenciones de los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante los últimos tres años, dos secretarios de Estado de Economía y el abogado del caso que provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara abusiva la legislación española en materia de desahucios.

Así, el martes acudirá al Congreso el que fuera presidente de la CNMV entre 2007 y 2012, Julio Segura, al que le seguirán durante el miércoles y jueves sus dos sucesores: Elvira Rodríguez (presidenta entre 2012 y 2016) y el actual presidente, Sebastián Albella. Su turno será a partir de las 16.30 horas.

Cerrarán cada sesión, a partir de las 18.30 horas, los 'números dos' de los dos últimos ministros económicos: José Manuel Campa Fernández, secretario de Estado con Elena Salgado, y Fernando Jiménez Latorre, nombrado por el actual ministro Luis de Guindos hasta 2014. Ambos comparecerán el martes y el miércoles, respectivamente.

Por último, el miércoles a las 18.30 horas comparecerá ante la comisión el abogado Dionisio Moreno Trigo, que acude al Congreso como abogado del 'caso Aziz'. Tras ser desahuciado en 2011 por varios meses de impago de una hipoteca con CatalunyaCaixa, Mohammed Aziz decidió litigar la nulidad de una cláusula en el juzgado mercantil de Barcelona.

Desde allí, el juez Fernández Seijo elevó una consulta prejudicial a Estrasburgo, que acabó cuestionando la normativa española por ser contraria al derecho comunitario al no garantizar la protección que recoge la directiva europea al consumidor. Según el TJUE, esta normativa hace "imposible o casi imposible" a un juez dictar medidas cautelares, particularmente la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la eficacia de la decisión final.

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