La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido mantener la autorización dada el pasado mes de octubre a la OPA que Atlantia ha lanzado sobre Abertis, con lo que rechaza así el requerimiento del Gobierno de que la anulara porque la compañía italiana no había pedido autorización previa del Ejecutivo para la operación.

El supervisor considera que el folleto de la oferta de la compañía italiana "reúne todos los requisitos exigidos en la legislación sobre OPAs", según informó en un comunicado. Se trata de una operación valorada en 16.341 millones de euros con la que compite la posteriormente formulada por ACS por 18.600 millones.

La CNMV rechaza de esta forma el requerimiento que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Fomento y de Energía, realizó el pasado 7 de diciembre, en el que advertía de la posibilidad de recurrir a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, en el caso de que el supervisor no atendiera a su petición de anular la OPA de Atlantia.

El supuesto de que el Gobierno recurriera a los tribunales bloquearía la 'guerra de OPAs' sobre Abertis que, de otra forma, sólo sumará un mes más de retraso por el requerimiento realizado al supervisor del mercado.

Por el momento, en su respuesta a este requerimiento, la CNMV explica que las autorizaciones del Gobierno a las que se refería, además de que ya han sido solicitadas por los dos oferentes, no están incluidas en el Real Decreto que regula las OPAs "por distintas razones que en su día se tuvieron en cuenta".

El órgano que preside Sebastián Albella detalla dichas razones, una de las cuales está en línea con el argumento esgrimido por Atlantia para defender que su OPA a Abertis no requiere 'luz verde' del Gobierno.

Así, el supervisor indica que las autorizaciones que el Gobierno estima necesarias "no son autorizaciones requeridas por la oferta, sino relativas a la transmisión indirecta de ciertos activos o contratos de los que es titular el grupo Abertis".

Atlantia, pese a que finalmente ha cedido y ha pedido autorización al Gobierno para la OPA, sigue defendiendo que no es necesaria argumentando precisamente que la oferta no se dirige a las concesionarias de autopistas o al operador de Hispasat, sino a títulos de Abertis, empresa matriz de todas ellas.

De su lado, el Gobierno siempre ha mantenido la necesidad de analizar y en su caso autorizar la operación, dado que los activos que gestiona Abertis son en última instancia titularidad del Estado y estratégicos para el país.

"Excepción al principio de libre transmisión"

Otra de las razones que señala la CNMV es que la Ley de OPAs exige autorizaciones administrativas de organismos supervisores y no "meras autorizaciones o consentimientos en el ámbito concesional-contractual".

Respecto a estas otras autorizaciones, apunta que la legislación contempla la "posibilidad" de que se requieran "a efectos de que el folleto de la OPA informe sobre los efectos que podría tener el incumplimiento o la falta de obtención de las mimas".

Además, la CNMV estima que "la exigencia de autorizaciones previas en los términos previstos por la legislación de OPAs constituye una "excepción al principio de libre transmisibilidad de las acciones de las sociedades cotizadas".

"Tanto ello como, en general, el principio de libertad de movimiento de capitales obligan a ser restrictivo en cuanto al alcance del precepto", añade el supervisor.

A pesar de rechazar el requerimiento, la CNMV manifiesta su "respeto" al ámbito competencial de los ministerios que le remitieron y manifiesta su "confianza" en que el proceso de OPAs sobre Abertis "pueda seguir adelante con normalidad".

Situación de la 'batalla' por Abertis

En la actualidad, la OPA de Atlantia, presentada en junio de 2017 y aprobada en octubre, está a la espera de que la CNMV autorice la OPA competidora planteada también en octubre por ACS.

Una vez que la oferta el grupo presidido por Florentino Pérez tenga el 'visto bueno' del supervisor arrancará el plazo de aceptación, que será único para las dos OPAs, para que los accionistas de Abertis se decanten entre ellas.

ACS ya tiene autorización del Gobierno a la operación, pero está pendiente, además de la aprobación de la CNMV, de la de las autoridades de Competencia de la UE, que está previsto se pronuncien el próximo 6 de febrero.

De su lado, Atlantia ya tiene, además de la aprobación de la CNMV, que este lunes le ha sido ratificado, la de la Dirección de Competencia europea. No obstante, aún está pendiente de la autorización del Gobierno, que finalmente accedió a pedir el pasado 21 de diciembre, y de que el Ejecutivo resuelva si recurre a los tribunales la decisión de la CNMV.

En fuentes cercanas a la compañía italiana manifestaron su consideración de que el Ejecutivo no continuará por la vía legal, toda vez que ya ha formulado su solicitud de autorización al Gobierno.