El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%.

Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF.

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo, para los que se prevé una tasa de reposición del 100%, son Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50%.

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado (AGE), 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.

Reducir la interinidad

El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.

Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.