-Ya tenemos una sentencia. ¿Qué es y qué no es economía colaborativa?
-El uso del término que hacen empresas como Uber o Airbnb es marketing. Ganan mucho dinero y se benefician de un servicio de intermediación en que no son los titulares ni de coches ni de alojamientos, pero obtienen una ganancia económica muy grande. La economía colaborativa por definición debe ser aquella en la que los usuarios no obtengan lucro. Blablacar, con esta sentencia, podemos afirmar que es una plataforma que pone en contacto a usuarios para compartir gastos de transporte. En este caso, la plataforma cobra una comisión por intermediación, pero sin lucro para los conductores: por lo tanto no hay actividad empresarial ni competencia desleal. Es la economía colaborativa más pura. Toda la economía lo es, pero tiene ese componente más social. Uber lo que hace es transporte irregular de pasajeros, porque el conductor presta un servicio de transporte. Es un nuevo modelo de negocio que funciona muy bien, pero si la economía colaborativa tiene esa definición de compartir recursos en desuso no lo sería en sentido estricto.
-¿Que futuro judicial le ve a Uber?
-En España se ha reconvertido a través de las licencias de transporte VTC de alquiler de coches con conductor. Mientras opere de esta forma no tiene problema. Pero su modelo pretende romper la situbción de mercado, ser un agente disruptivo ante el sector del taxi. Para operar como taxi necesito operar con una licencia. Con la ley actual no lo puede romper. Además, se beneficia de una ventaja competitiva ilegítima porque cobrar menos que alguien que tiene que pagar impuestos, la licencia, etc. El debate que Uber nos plantea es si la regulación del taxi que hay en España tiene sentido hoy. En España hay determinados agentes con su mercado controlado, solo uno con un número de taxis, estancos o farmacias. ¿Esa barrera de entrada está justificada en el momento actual? En el taxi, no. Que una licencia de taxi valga 150 mil euros indica que el negocio es rentable.
-Dicen estas plataformas disruptivas que España es el país más restrictivo.
-Con Blablacar, España ha sido el único país donde ha recibido las primeras sanciones administrativas (Madrid) y el juicio por la demanda de una empresa de autobuses."Con Blablacar, España ha sido
el único país donde
ha recibido sanciones administrativas y el juicio por la demanda de una empresa de autobuses"
-Apartamentos turísticos: ¿es legal el funcionamiento de las plataformas como AirBnb, Homeaway, etc?
-Lo es porque la posibilidad de alquilar un apartamento es anterior a internet. Tiene una serie de especificaciones pero vienen reguladas en la normativa autonómica. El problema viene con la masificación, como está pasando en algunas ciudades de España. El atractivo de la ciudad genera demanda de alojamiento.
-La autonomía ha ido a por las plataformas para acotar ese fenómeno y multan a las que ofertan pisos ilegales. Pero éstas sostienen que la normativa europea no les obliga al chequeo previo de las viviendas.
-Lo primero evidente es que cualquier alojamiento en Airbnb debe cumplir la ley: tener su cédula, estar en el fichero autonómico, pagar impuestos. Tiene que haber una colaboración con la administración para facilitar sus datos y que la administración autonómica pueda chequear que sus pisos estén registrados. Pero otra colaboración más importante es la del ámbito fiscal. Tarde o temprano deben colaborar con la agencia tributaria para comprobar que todo el que alquila tribute. Hay ayuntamientos europeos que ya tienen convenios y la propia Airbnb cobra la tasa local de pernoctación.
-¿A qué conclusiones ha llegado su tesis?
-La primera fue anticipar la sentencia que luego ha emitido el juzgado de lo mercantil de Madrid. Blablacar es legal, una plataforma para compartir gastos. Al margen de esto, plataformas como Uber plantean un debate público y es hasta qué punto sectores, no solo el taxi sino otros que estan hiperregulados, tiene sentido que sigan así. Lo que hay que hacer es ver qué sectores se pueden liberalizar, si eso abarata el coste para el consumidor y mejora el servicio. La legislación siempre va detrás de los cambios sociales, pero hay que adaptarse lo antes posible. En una ciudad de un gran atractivo turístico sería interesante implementar políticas públicas que prevengan ese tipo de masificación y que repercutan en la calidad de vida de los que ya estamos aquí antes.
