El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015 fue de 68.135, un 15,6% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 2009, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan, en cambio, que los desahucios solo descendieron un 1,1% durante el pasado año, hasta los 67.359 lanzamientos.

El organismo precisa que estos lanzamientos se refieren a distintos tipos de inmuebles, no sólo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a viviendas habituales.

A partir de ahí, indica que solo en el cuarto trimestre de 2015, los desahucios descendieron un 5,1% interanual, hasta los 16.616, un ritmo aún menor que las ejecuciones hipotecarias en ese mismo periodo, que retrocedieron un 15%, hasta las 15.785.

Por regiones, Andalucía fue la única comunidad autónoma en la que se registró un incremento de las ejecuciones hipotecarias en 2015, con un 2,2% más.

Además, esta comunidad focalizó el mayor número de procedimientos en los últimos tres meses del año, con 4.675, el 29,5% del total nacional, seguida de Cataluña, con 2.705 (17,1%) y la Comunidad Valenciana, con 2.157 (13,7%).

En paralelo, los desahucios solo descendieron un 1,1% en 2015. Más de la mitad de ello (35.677) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 43,4% (29.225) fue resultado de ejecuciones hipotecarias. Los 2.457 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución del 1% en 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 1,2%.

Cataluña fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más desahucios en 2015, con 15.557, el 23,1% del total nacional, seguida de Andalucía (10.694) y la Comunidad Valenciana (10.037).

Atendiendo solo a los lanzamientos que fueron consecuencia de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 9.685; seguida de Madrid (5.278), Andalucía (4.469) y la Comunidad Valenciana (4.034). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en la Comunidad de Madrid se registraron 5.767 desahucios, por delante de Andalucía (5.707) y Cataluña (5.337).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común, no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de 2015 fue de 69.631, un 0,6% más que el año anterior. De ellos, 42.482 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso del 6,2% respecto a 2014.

Concursos de acreedores

Por otro lado, el informe del CGPJ señala que el número de concursos de acreedores presentados en 2015 fue de 6.288, un 22,7% menos que los registrados el año anterior.

Uno de cada cinco concursos, hasta un total de 1.224, se presentó en Cataluña, seguida de Madrid, con 984, y la Comunidad Valenciana, donde se registraron otros 966.

Mientras tanto, el número de concursos declarados disminuyó un 24,5%, desde los 5.824 de 2014 a los 4.394 del año pasado. A ellos, hay que añadir otros 1.704 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso.

El informe señala que también cayó, esta vez un 31,5%, la cifra de concursos que alcanzaron la fase de convenio, de 1.488 en 2014 se pasó a 1.109 en 2015. Bajó asimismo el número de los que iniciaron la fase de liquidación, hasta los 4.092, un 18% menos que el año anterior.

Procedimientos monitorios

Por último, de los datos del CGPJ se desprende que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 654.794, lo que supone una disminución del 0,34% respecto a 2014.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el cuarto trimestre de 2015, los procedimientos monitorios registrados fueron 159.890, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.