La OCDE pretende que las multinacionales tributen por sus beneficios en los Estados en los que los generan, y no en aquellos otros con imposición más indulgente y en los que muchas transnacionales afloran sus ganancias mediante mecanismos de transferencia de rentas a través de sociedades pantalla y acuerdos secretos con los gobiernos, cuyos países son en muchos casos meras estaciones de paso hacia el refugio de los paraísos fiscales.
El empeño partió de las cumbres del G-20 (el foro de las mayores potencias) y la OCDE, que agrupa a los 34 países avanzados, lo desarrolló en un reglamento que pretende que entre en vigor en 2017.
La Unión Europea (UE) aprobó en marzo un proyecto de directiva que, de ser ratificado por unanimidad por los ministros de Economía y Hacienda de los 28 países miembros, obligaría a los gobiernos nacionales a desvelar a partir de 2016 sus acuerdos fiscales transfronterizos con grandes corporaciones empresariales. El escándalo Luxleaks, que implicó a Luxemburgo y a su ex primer ministro, Jean Claude Juncker (actual presidente de la Comisión Europea), aumentó el malestar pero de forma relativa. No son sólo Luxemburgo, Holanda, Irlanda y algún otro país los que facilitan la elusión fiscal de las grandes corporaciones. Se estima que en la UE hay al menos 545 acuerdos de levedad fiscal y que 44 de ellos conciernen a España. Así que el escándalo es más bien retórico, aunque algunos países despierten mayor incomodidad por su particular agresividad impositiva.
Estos tratos privilegiados ("tax ruling") permiten que, junto con métodos como el "sándwich holandés", las empresas transnacionales trasvasen el afloramiento de beneficios a países donde gozan de un trato muy favorable, y no porque allí donde los generan se enfrenten a fiscos depredadores. Aunque en España el tipo impositivo sobre beneficios es del 30%, las grandes organizaciones pagan de media el 7,3% en virtud de las exenciones, bonificaciones y desgravaciones vigentes.
Los Tax Ruling agravan los déficits públicos (se estima en un billón los ingresos impositivos eludidos en Europa), alteran la libre competencia entre empresas e introducen la pugna fiscal entre países. Sin embargo, no siempre quienes rechazan estas prácticas entre naciones las condenan en su propio país, caso de Delaware en EE UU o de la competencia fiscal entre regiones: muchas empresas y grandes patrimonios han cambiado de residencia en España por ventajismos similares.
