El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) medidas para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros indebidos de prestaciones por desempleo, tras detectar "incoherencias, inconsistencias y errores" en 2012 y 2013.
En su informe de fiscalización, el Tribunal señala que a 31 de diciembre de 2013 la deuda por cobros indebidos de prestaciones era de 582,2 millones, de acuerdo con la información remitida por los servicios centrales del SEPE, si bien esa cifra bajaba a 562,9 millones si se toman los datos enviados por las direcciones provinciales.
Esa deuda total se eleva a 769,1 millones en el inventario de deudores elaborado por el SEPE a petición del Tribunal en el transcurso de la fiscalización.
El informe de fiscalización dice que estas diferencias denotan "un control deficiente", lo que no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos.
Entre las incidencias más significativas, apunta la existencia de deuda anterior al 31 de diciembre de 2009 por importe de 81,6 millones, que ya estaría prescrita al haber pasado más de cuatro años.
También señala que de la deuda de 47,2 millones derivada de responsabilidad empresarial, un 52 % se podría calificar de "muy difícil cobro".
Por otra parte, indica que, de los cruces de información efectuados por el SEPE, se concluye que no se contrasta con el Registro Civil para la detección de pagos en prestaciones a personas fallecidas.
Tampoco, explica, existe acuerdo con los servicios de empleo autonómicos por el que estos tengan que informar del rechazo de ofertas de empleo o cualquier otro requisito necesario para el mantenimiento por el beneficiario del cobro de la prestación por desempleo.
Además, destaca que el SEPE no tenía en el periodo fiscalizado un manual de gestión de cobros indebidos de prestaciones por desempleo ni personal ni medios técnicos suficientes para esta tarea.
En este sentido, incide en que, desde que finaliza el periodo voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho la deuda, hasta que se emite la correspondiente certificación de descubierto, pasan 883 días de media en el caso de la dirección provincial de Madrid y 927 en Barcelona.
Esto lleva a que en 2014 se estuvieran tramitando las certificaciones correspondientes al ejercicio 2011, lo que causa que una cuantía significativa de la deuda sea de difícil recaudación.
El Tribunal de Cuentas recomienda homogeneizar las actuaciones en las direcciones provinciales y elaborar un manual de gestión, analizar los recursos humanos destinados a esta tarea y diseñar un plan de formación específico.
Recomienda también fortalecer las acciones de detección de cobros indebidos, promover acuerdos con todos los organismos implicados o mejorar el sistema de pago por transferencia e incorporar otros métodos.
