Menos sofisticados, el fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situa alrededor de 1.500 millones de euros anuales. Sumados los cálculos de grandes empresas -junto con las pymes y autónomos- el fraude total se eleva a unos 60.000 millones, el doble del laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones. Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, sostiene que existe una clara consonancia con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros en el mercado. Una prueba de las facilidades que encuentran las grandes empresas a la hora de minimizar el pago de sus impuestos son los datos relativos a las 105 mayores entidades de crédito, cuyo tipo medio efectivo se sitúa en tan solo el 16,08%, casi seis puntos menos que las microempresas. A esta brecha fiscal hay que sumar los múltiples casos de conflicto en la aplicación de la ley tributaria en los que personas con grandes fortunas, quienes crean sociedades para lograr reducir su carga impositiva, ya sea abusando de ventajas legales en determinados territorios „como es el caso de las sociedades de promoción de empresas en las haciendas forales„, como mediante la creación de Sicav (tributan sólo al 1% ). En la práctica, estas firman son de un único inversor o de una sociedad patrimonial donde sitúan rentas inmobiliarias. Esta deficiente regulación provoca un desplome de ingresos del Impuesto de Sociedades, que de 2007 a 2011 disminuyó en 28.212 millones, un 63 % menos respecto a antes de la crisis. Pero no puede atribuirse ese desplome a la evolución de la actividad económica. Las cuentas no salen a Hacienda.
