­La impresión y envío de vidas laborales no es el único servicio de la Administración pública que el Gobierno ha externalizado. También ha autorizado a la Intervención de la Seguridad Social, mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a recabar la colaboración de empresas privadas para desempeñar labores que antes realizaban empleados públicos, como la realización de auditorías de las cuentas anuales de la mutuas de accidentes de trabajo y accidentes profesionales de la Seguridad Social y el control de cuentas del ejercicio 2012 de otras entidades públicas (consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles del Estado y organismos autónomos).

Para el desarrollo de estas auditorías la Intervención General de la Administración del Estado alega en las disposiciones del BOE que "carece" de efectivos suficientes para hacer frente en los plazos previstos a estas actuaciones de control, por lo que justifica de esta manera "la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría" mediante la contratación de sus servicios.

El departamento de Servicios Públicos de UGT encuentra contradictorio que el Gobierno admita que carece de personal en la Administración para proceder con estas auditorías o servicios después de haber congelado desde 2010 (salvo excepciones de emergencia) las ofertas de empleo público. "Se vacía de contenido el trabajo del funcionario y no se convocan oposiciones ni ofertas laborales, pero se prefiere contratar a trabajadores de empresas privadas", critica Luis Baneira, secretario general de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores.