El Ministerio de Empleo ha privatizado por completo el envío de las vidas laborales y bases de cotización de la Seguridad Social a los trabajadores, un servicio que han dejado de hacer los funcionarios y que desde este ejercicio corre a cargo de una empresa privada. El Gobierno ha gastado 1,22 millones de euros más IVA en trasladar este trabajo a una firma ajena a la Administración, según informó en una respuesta escrita que envió el mes pasado al presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara. El servicio privatizado incluye la impresión, manipulación y envío de documentos y la empresa debe realizarlo en un periodo de cinco meses.
Empleo justifica la privatización total del envío de vidas laborales -antes solo estaba externalizado algún servicio informático- por la necesidad de "ahorrar costes" y "agilizar la gestión" de 22 millones de cartas mediante la contratación de una empresa especializada. Con ello retira funciones a los empleados públicos encargados de este trabajo, cobra por ofrecer un servicio antes gratuito para el ciudadano y tarda más tiempo en entregar los documentos a quienes los solicitan.
Las personas que necesiten una vida laboral ya no podrán obtenerla al momento y sin coste alguno, como ocurría hasta ahora cuando acudían a una oficina de la Seguridad Social con el DNI en la mano. La Administración remite ahora al interesado a una empresa privada a través de una web o un teléfono 902 (tiene, por tanto, que abonar la llamada), mediante el cual pide el documento, que no recibirá en su domicilio hasta entre cinco y siete días después de haberlo solicitado.
La Seguridad Social remite anualmente a los trabajadores su vida laboral aunque estos no la pidan o no la necesiten, por lo que los sindicatos entienden que el envío de estos documentos "no responde a ningún servicio". "Si una persona necesita su vida laboral, le tarda una semana en llegar y si no le hace falta, le llega a casa de todas formas. En realidad no se piden tantas, por lo que parece que la Administración las envía igualmente para justificar el gasto que han hecho", considera María José Acevedo, representante de UGT Galicia en la mesa delegada de la Seguridad Social.
El contrato por el que el Gobierno requirió el servicio de una firma privada se licitó por 2,35 millones de euros pero finalmente se adjudicó por 1,22 millones, sin incluir una posible prórroga en la cantidad.
Datos personales
Otra de las actuaciones públicas delegadas recientemente a una empresa privada es el envío de las providencias de apremio o reclamaciones de deuda. Esta función correspondía antes a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero Empleo reconoce que los medios informáticos propios de la Administración no permiten realizar este servicio que ahora ha externalizado.
En agosto pasado UGT recibió reclamaciones por errores detectados en impresiones de algunas providencias de apremio cometidos por las empresas privadas encargadas de enviarlas, como la información de un deudor comunicada a un destinatario distinto. Los afectados tuvieron que ser atendidos por funcionarios y no por trabajadores de las empresas que cometieron el fallo.
Los sindicatos censuran que datos personales y privados, "sensibles" o "confidenciales" contenidos en las vidas laborales o las comunicaciones de deudas se expongan al uso y control de firmas privadas contratadas para realizar funciones que hasta hace poco eran propias de las administraciones.
"Hay una política general de privatizar los servicios públicos y los gastos que ello supone son más altos", critica además Fernando Varela, responsable de Servicios Públicos de CC OO. "El sector público es un negocio más y mientras tanto se precariza el trabajo de los funcionarios".
