Ante la relajación general que se había producido en el sector, los inspectores del Banco de España ponían de relieve en su carta que esta institución era la "única con autoridad normativa y capacidad técnica suficiente para exigir de manera generalizada a todas las entidades una evaluación del riesgo coherente", y evitar de esta forma que "las consecuencias de los errores cometidos" acabaran afectando a toda la sociedad. "Considerarmos que el supervisor público podría –y debería– actuar para reconducir la situación", insistían los autores del documento, que no ha visto la luz hasta fechas recientes. Así, recordaban que la legislación española reconoce al Banco de España la potestad para tomar decisiones de obligado cumplimiento por todas las entidades y también su capacidad para intervenir aquellas que considere en peligro o para relevar a sus gestores. También para exigir la dotación de provisiones que anticipen las posibles pérdidas. En definitiva, "cuenta con los medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del créditos que considere inadecuados", señalan los inspectores, que atribuyen la inactividad del supervisor únicamente a la falta de voluntad de su entonces máximo responsable, Jaime Caruana. El enfrentamiento con Caruana no es el último que ha protagonizado este colectivo con un gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez también tuvo que vérselas con estos profesionales por el desprestigio que sufrió la institución ante el fracaso de las reiteradas reformas del sector financiero que puso en marcha y el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha sido blanco de sus críticas por la forma en que se nacionalizó Bankia.
