El sector del juego anda revuelto en España. Un año después de que los Presupuestos para 2010 incorporaran novedades en esta actividad que han supuesto, entre otras cuestiones, la pérdida de la exclusividad de venta en las administraciones de loterías, lo que puso en pie de guerra a sus propietarios, y mientras se sigue negociando la futura ley del juego on line, el Gobierno ha dado un paso más en la reordenación del sector al incluir en las cuentas del Estado para 2011 una disposición que abre la vía a la privatización parcial del operador del juego público: Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
La citada disposición establece que antes del 31 de marzo de 2011 el Consejo de Ministros debe aprobar los estatutos sociales y designar a los miembros del órgano de administración de la nueva Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, con cuya inscripción en el Registro Mercantil se extinguirá la LAE. En ese momento, la rama de actividad relacionada con los juegos de ámbito estatal de la LAE, es decir, la función como operador, se aportará como capital social de su sucesora. Las funciones reguladoras que hasta ese momento ejercía la LAE serán adscritas a un órgano del Ministerio de Economía.
Nuevo modelo
Aunque la disposición no menciona explícitamente en momento alguno la posibilidad de privatización, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que rechazó la eventualidad de que la venta pudiera llegar al 100%, sí afirmó que, como se ha hecho en otros países europeos, en España se abre la posibilidad de vender parte de la LAE, ya que es "algo que cabría en el nuevo modelo". No obstante, precisó que en los Presupuestos del Estado "no hay contabilizado ni un solo euro de ingreso por la venta de una sola acción de la LAE". Este organismo dependiente del Ministerio de Economía se remitió ayer al contenido de la disposición y al propio Ocaña al pedírsele desde este diario una explicación sobre los cambios.
El secretario de la principal asociación española de loteros Anapal, Josep Manuel Iborra, se mostró ayer convencido de que la LAE acabará privatizada y apunta que si finalmente se vende un 33%, que es la cifra que maneja este subsector, los ingresos podrían ascender a unos 10.000 millones, ya que el valor de tasación de la empresa pública la cifran en entre 30.000 y 40.000 millones.
Iborra asegura que la nueva firma estatal nace como una sociedad anónima y recuerda que las medidas contempladas en los Presupuestos de 2010, por la que los loteros dejaron de regirse por una concesión administrativa para hacerlo bajo un régimen mercantil, fue el primer paso en esa dirección, ya que "la sociedad estatal no puede tener contratos administrativos, sino privados".
Los loteros no están en contra de la separación de la antigua LAE, pero temen que la privatización comporte, entre otras cuestiones, "una disminución en los ingresos del Estado, que es lo que buscará el inversor". La LAE aporta anualmente a las arcas públicas unos 3.000 millones.
