La Comisión Europea (CE) defendió ayer el objetivo de que el 10% de los carburantes que use la Unión Europea proceda de fuentes renovables en 2020, a pesar del voto negativo en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

Esa comisión votó en la noche del lunes a favor de reducir ese objetivo hasta el 4% para 2015, ante el temor de que la producción de biocombustibles esté afectando a la oferta y los precios de alimentos a nivel mundial.

Sin embargo, el portavoz de Energía en la CE, Ferran Tarradellas, aseguró ayer que no se trata esa votación no supone la opinión del Parlamento Europeo, ya que otras cinco comisiones han votado anteriormente a favor de mantener el objetivo del 10%.

Además, recordó que los 27 países de la Unión Europea han reiterado también su apoyo a ese objetivo durante el consejo informal de ministros de Energía que se celebró el pasado fin de semana en París.

El portavoz insistió, durante una conferencia de prensa, en que la UE será "un líder en criterios sostenibles e impacto" medioambiental de los biocarburantes.

Tarradellas recordó que en el objetivo del 10% figura el uso de biocombustibles de "segunda generación" (que no se producen a partir de cultivos alimentarios) y también fuentes renovables como el hidrógeno o la electricidad.

Aún así, señaló que el informe científico en que se basó la comisión de Medio Ambiente del PE "ignora que hay tierra suficiente para demandas de comida y energía" en el mundo.

El portavoz insistió en que la producción de biocombustibles "no es responsable" del aumento de precios de los alimentos, y recordó que la producción de carburantes solo ocupa un 1% de la tierra cultivable en la Unión Europea.

La organización ecologista Amigos de la Tierra apoyó a la Comisión de Medio Ambiente del PE, y señaló que "la marea política en Europea está ahora en contra de los biocombustibles", y consideró que esa votación "es una señal clara de que la expansión de los biocarburantes es inaceptable".

En este contexto, la Unión Europea se plantea recurrir a todas las armas, incluidas las fiscales, para defenderse de la imparable escalada de los precios del petróleo, que está llevando a Europa a niveles récord de inflación y amenaza con asfixiar su crecimiento.