El Parlament de Cataluña aprobará esta semana, en el pleno del 19 y 20 de diciembre, la ley del derecho a la vivienda, que prevé el alquiler forzoso de viviendas vacías sin justificación. Después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat declarara inconstitucional el polémico alquiler forzoso, los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han decidido mantener esta medida, si bien han introducido algunos cambios para que su aplicación cuente con más garantías legales.

En cuanto a la oposición, CiU no ha decidido todavía su voto con el argumento de que debe analizar las enmiendas de los grupos de la mayoría, mientras que el PPC y Ciutadans ya han dicho que no avalarán la ley si se mantiene esta polémica medida. Para adaptar la ley al Consultivo, PSC, ERC e ICV-EUiA ya han anunciado que la ley dirá que la Generalitat "ha de aprobar programas de inspección" que permitan determinar qué viviendas se hayan desocupadas sin justificación en zonas con "demanda residencial fuerte y acreditada".

Enmienda

En segundo lugar, los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han introducido una enmienda para dejar claro que, en el proceso para declarar que una vivienda incumple su función social, el afectado tendrá la oportunidad de expresar sus argumentos. Sin embargo, el redactado del polémico artículo del alquiler forzoso es muy similar al actual, puesto que sigue diciendo que una vez agotadas las medidas para fomentar que se incorporen al mercado de alquiler las viviendas vacías, "la administración puede proceder a la declaración de incumplimiento social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda". En sintonía con el anterior redactado, el nuevo dice que en ese acuerdo para declarar que la vivienda incumple su función social "también se ha de advertir que, una vez transcurridos dos años desde su notificación sin que se haya corregido la situación de desocupación (...), la administración puede expropiar el usufructo de la vivienda -no la vivienda como tal-, por un período no superior a cinco años, para alquilarla a terceros".

En tercer lugar, PSC, ERC e ICV-EUiA quieren incorporar a la ley -en concreto al artículo 12- una relación de criterios genéricos que determinarán en qué zonas se puede aplicar la polémica medida.

En concreto, se deberá tener en cuenta "la proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y el número de viviendas disponibles y/o el suelo urbanizable disponible, la densidad demográfica de la zona, la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica o económica y los precios de alquiler de ésta".

"En estas áreas se tendrán que establecer programas de inspección de los edificios residenciales para detectar las situaciones de vivienda desocupada, y establecer censos de posibles propiedades afectadas por las medidas" del polémico artículo, dice también la enmienda añadida a este artículo.

A pesar de los criterios genéricos, será el plan territorial sectorial de la vivienda el que deberá finalmente determinar en qué áreas del territorio con una "demanda residencial fuerte y acreditada" se puede aplicar el alquiler forzoso.