Las promotoras inmobiliarias, junto a otras entidades como las notarías o los bufetes de abogados, deberán denunciar las operaciones en las que tengan sospechas de blanqueo de capital.
Así lo manifestó esta semana el subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Miguel Ángel Recio Crespo, durante una jornada organizada por la Asociación empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) dentro del SIMO.
Recio Crespo explicó los pormenores de la reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que será aprobada después del verano y que traspone la III Directiva europea de septiembre de 2005 para prevenir el uso del sistema financiero para blanqueo de dinero o financiación de terrorismo.
Según la futura reforma de la Ley, las inmobiliarias deberán identificar a los clientes habituales y a los ocasionales siempre que el pago supere los 8.000 euros en efectivo.
