La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aseguró ayer que la devolución de las ayudas ilegales conducirá a la liquidación de Izar en sólo 4 ó 5 meses en caso de no acometerse la división de los astilleros militares y civiles, medida que fue rechazada por los municipios afectados.

Durante su comparecencia ante la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, subrayó que la devolución de 1.100 millones de euros conducirá a Izar a la liquidación en sólo 4 ó 5 meses "si no se toman medidas urgentes para su viabilidad".

A pesar de que un portavoz de la Comisión Europea consideró "prematuro" afirmar que Izar deberá devolver 1.100 millones, en lugar de los 376 millones hasta ahora reclamados, Martínez informó de que la empresa pública conocerá en el mes de octubre una nueva resolución comunitaria que elevará las ayudas ilegales a devolver en otros 560 millones más intereses.

Propuesta de segregación

El presidente de la SEPI explicó que el plan industrial que el Gobierno presentará a Bruselas a la vuelta del verano prevé la separación de los astilleros militares (Bazán) y civiles (antigua AESA) para "preservar" los primeros, mientras que los civiles "deberán recibir financiación privada para su supervivencia", puesto que la UE prohíbe cualquier ayuda pública que no vaya dirigida al cierre de instalaciones.

Este plan adecuará la dimensión de la empresa a las necesidades de la demanda, lo que "supondrá una notable reducción de la capacidad actual de la empresa", e impulsará la concentración de las instalaciones en torno a las más modernas y las de mayor flexibilidad, tanto por su situación geográfica como por las características de los buques que puedan construir.

Sin embargo, los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Cartagena, Ferrol y Madrid, donde los astilleros Izar tienen presencia, acordaron ayer constituirse en comisión de municipios afectados para oponerse a la división de los astilleros por ser "un paso atrás" y solicitar una reunión con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes.