El vicepresidente económico, Pedro Solbes, anunció ayer que en las cuentas del Estado de este año habrá que incluir un déficit adicional de 6.140 millones de euros que el Gobierno del PP no reflejó en el Presupuesto para 2004. Esta cifra supone un 0,78% del PIB, lo que impedirá cumplir el objetivo de déficit del Estado que estaba fijado en el 0,4% del PIB. Si se confirman estas previsiones y los ingresos evolucionan según los previsto, el Estado podría cerrar este ejercicio con un déficit del 1,2% del PIB, el triple de lo presupuestado por el anterior Ejecutivo.

Este déficit de 6.140 millones corresponde a cuatro operaciones no incluidas en la estimación de déficit de 2004, que Solbes considera que habrá que hacer aflorar a final de ejercicio. Se trata de ajustes contables por importe de 2.750 millones de euros (un 0,35% del PIB); el pago de la deuda histórica a Andalucía, alrededor de 2.500 millones de euros (un 0,32% del PIB); la reclasificación de RTVE, que supone más de 630 millones de euros (un 0,08% del PIB), y el aval del Estado a un crédito concedido a Argentina, que se eleva a 260 millones de euros (un 0,03% del PIB).

Solbes afirmó al presentar este informe que su objetivo es "poner fin a la opacidad" y aplicar la máxima transparencia en la aplicación de las cuentas públicas, pasadas, presentes y futuras.

Transparencia

"La sociedad tiene derecho a conocer los presupuestos públicos, no sólo las partidas que computan como déficit, sino también las que no computan, pero que pueden suponer un riesgo de déficit a medio y corto plazo", dijo.

Por eso, el vicepresidente incluyó en el informe de transparencia no sólo los ajustes contables que no se introdujeron en el presupuesto de 2004 y deberán contabilizarse, sino también un segundo grupo de operaciones, actuaciones realizadas en el pasado, pero que pueden suponer un riesgo de mayor déficit y deuda públicos de forma más o menos inmediata. En este capítulo se incluye la deuda histórica de Renfe, el GIF y las sociedades estatales de aguas.

La deuda histórica de Renfe totaliza 3.800 millones de euros, a ella deben sumarse 1.800 millones, procedentes de la adquisición de infraestructura ferroviaria convencional. Cuando el 31 de diciembre entre en vigor la Ley del Sector Ferroviario habrá que atribuir a cada organismo que opere en el sector la parte de deuda que le corresponde.

Sobre el GIF, Solbes explicó que el Estado ha realizado aportaciones de capital por 6.360 millones de euros, "debidamente contabilizadas" .