Emaya intentó que los trabajadores que denunciaron a los sindicalistas de Vox aceptaran retirarse como acusación

Emaya pretendió, a través de su abogada, que los once trabajadores que denunciaron por amenazas y coacciones a los dos representantes de USTE, el sindicato vinculado a Vox, firmaran un documento en el que aceptaban la renuncia a que los servicios jurídicos de la empresa les representara como acusación particular en el juicio penal fijado para la próxima semana. A pesar del intento para convencerles de la bondad de dicha decisión, ninguno de los trabajadores, o directivos, aceptaron firmar dicho documento, que representa que la empresa municipal ha dejado de defenderles, pese a que varios de ellos, como consecuencia del enfrentamiento con los líderes sindicales, han sufrido graves consecuencias psicológicas, que en algunos casos todavía no han superado.

La retirada de esta acusación forma parte del acuerdo económico que Emaya alcanzó hace pocas semanas con los sindicalistas Francisco Sánchez Reolid y José Villanueva, que en la anterior legislatura fueron despedidos por la empresa, precisamente, por las denuncias de acoso y amenazas que relataron algunos empleados representados sindicalmente por los líderes de USTE. Ambos despidos fueron declarados nulos, si bien existía la posibilidad, como así inicialmente se acordó, de recurrir ante el TSJB. Sin embargo, Emaya ha decidido, alegando razones de ahorro económico, renunciar al recurso y alcanzar un acuerdo económico con estos dos empleados. La indemnización, entre los dos, alcanza los 400 mil euros, que se pagarán con los impuestos que abonan los ciudadanos de Palma.

Pero además de pagarles esta indemnización, el acuerdo con los dos sindicalistas de Vox era más amplio. La empresa municipal renunciaba a ejercer la acusación particular en el juicio penal que se abrió contra Sánchez reolid y Villanueva. Un juicio que, precisamente, se iba a celebrar a instancias de la denuncia de los once trabajadores que, aconsejados por la abogada de Emaya, decidieron relatar ante el juzgado las amenazas que, según ellos, habían recibido de los dos sindicalistas al no acatar las órdenes que dictaban a sus representados. La empresa, incluso, presentó un escrito de acusación, a través del abogado de Emaya, pidiendo pena de cárcel para los dos sindicalistas de Vox, pero la situación ha cambiado como consecuencia de este acuerdo.

Ahora los trabajadores se sienten abandonados y traicionados por la actual dirección de la empresa, ya que sospechan que este acuerdo con los sindicalistas responda a presiones recibidas desde el grupo municipal Vox, que en varios plenos exigió la readmisión de Sánchez Reolid y de Villanueva. Esta presión ha tenido efecto, como queda ahora demostrado.

Los trabajadores no entienden que precisamente haya sido la abogada que en su momento aconsejó (tras escuchar el relato sobre el enfrentamiento con los líderes sindicales) que se debía presentar una denuncia penal, ahora defienda todo lo contrario y les quisiera convencer para que mostraran su conformidad con la retirada de la acusación. Los empleados son muy conscientes de que, ante este nuevo escenario, la posibilidad de conseguir una condena son mínima, entre otras cosas, porque ni tienen capacidad económica para contratar a un abogado para que les represente, ni apenas queda tiempo para que un letrado pueda prepararse un caso tan complejo como es éste.

Además, muchos de ellos también creen que si mantienen la acusación, en un futuro tendrán represalias internas, ya que seguirán trabajando en la empresa, que claramente se ha posicionado a favor del sindicato de Vox y en contra de los intereses de los empleados. Sin embargo, quieren que la empresa recuerde que hay empleados que, debido a este enfrentamiento con sus representantes sindicales, cayeron en una profunda depresión, ya que les advertían que si no acataban las órdenes que marcaban los líderes de USTE, serían despedidos de la empresa.

Para cambiar este cambio de criterio la abogada de Emaya les justificó que existía un informe de un letrado externo, que señalaba las pocas posibilidades de conseguir una condena contra los dos sindicalistas. Sin embargo, los empleados mantienen que no se puede adelantar la decisión de un juez, sin que previamente se celebre un juicio y, sobre todo, sin escuchar la declaración de una serie de personas que se sintieron amenazadas y coaccionadas por sus propios representantes sindicales.

Sin embargo, a USTE no le basta que sus dos líderes se hayan enriquecido con este acuerdo extrajudicial con Emaya. El sindicato ha demandado a la empresa, alegando la vulneración de sus derechos sindicales, reclamando a la sociedad municipal más de 700 mil euros de indemnización. Se pretende que, en caso de condena, este dinero se abone a medias entre la empresa y la directiva a la que acusan de impulsar el despido de los dos sindicalistas. Esta ejecutiva fue despedida por la actual dirección de la empresa, a la que acusaron de descargar un chat interno de USTE, facilitado por una afiliada, pese a que previamente lo consultó con la abogada de la empresa, que lo autorizó. Esta abogada, que es la misma que está comunicando a los empleados que Emaya se retirá como acusación particular, fue sancionada por la propia empresa con quince días de empleo y sueldo. Una vez cumplida esta sanción ha vuelto a su puesto de trabajo.

Este juicio por la supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical debía celebrarse ayer en los juzgados de Palma. Allí se concentraron los directivos y los trabajadores de la empresa, tanto los que están a favor, como los que están en contra de los métodos del sindicato de Vox. Estos últimos mostraron el enfrentamiento que mantienen con los sindicalistas. También acudieron al juzgado el antiguo presidente de Emaya y el anterior gerente, que mostraron su apoyo a la directiva despida por el tema de la descarga del chat interno.

El juicio, finalmente, quedó aplazado. Previamente se intentó negociar un acuerdo. La abogada del sindicato anunció que estaba dispuesta a retirar la demanda a cambio de una indemnización de 200 mil euros para el sindicato, a repartir entre Emaya y la antigua directiva. Lógicamente, si bien parece ser que los responsables de la sociedad municipal inicialmente se plantearon aceptar la oferta para terminar con este conflicto interno, la propuesta fue finalmente rechazada. El juicio se ha señalado para el mes de julio.

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