Faltan apenas tres semanas para que arranque la primera Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) y las carpetas de asuntos pendientes se acumulan encima de las mesas de sus dirigentes y trabajadores. Mesas que se ubican, de momento, en sus propios domicilios o en oficinas externas, pues ni siquiera tiene todavía la nueva competición una sede física en la que centralizar el trabajo. El retraso en la aprobación de los Estatutos, la burocracia de la puesta en marcha de la sociedad, las dificultades para hallar acuerdos con la RFEF y las vacaciones estivales de terceros amenazan con provocar que la competición tenga que arrancar sin contrato de televisión firmado y sin nombre comercial.

La fecha clave es el 10 de septiembre, el día en que se disputará el primer partido de fútbol femenino profesional de la historia de España. Lo ideal, como resulta obvio, sería que todo lo que lleva aparejado un hito de este calibre estuviera listo para ese día, pero en la LPFF asumen que es probable es que no sea así. Trabajan a destajo para alcanzar esa fecha con las máximas garantías posibles, pero a día de hoy es una posibilidad que varios de los partidos de la primera jornada no se puedan ver por TV convencional.

Para paliar parte de esos problemas, la LPFF anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con LaLiga para que esta sea el "agente comercial exclusivo de todos los derechos y activos comerciales y de patrocinio" de la competición durante cinco temporadas. Los derechos de TV quedan excluidos del acuerdo y serán explotados por la propia LPFF, tal y como marca el Real Decreto-Ley 5/2015. Desde un punto de vista 'político', esto refuerza la alianza entre las dos ligas profesionales frente a la RFEF, institución ya enfrentada a ambas.

42 millones de euros

La LPFF prevé unos ingresos de 42 millones de euros "como mínimo", dinero que estima que contribuirá al "desarrollo y crecimiento de la competición, permitiendo además dotar de recursos a los clubes para la mejora sus estructuras de gestión y, con ello, la mejora de las condiciones de las futbolistas".

Este acuerdo comercial, que la LPFF considera "uno de los más importantes de la historia del deporte femenino a nivel mundial", permitirá a la nueva competición acelerar los plazos para obtener rendimiento económico, al aprovechar la experiencia comercial que tiene LaLiga, frente a su falta de estructura actual. Uno de sus muchos problemas para poner en frente la competición con las máximas garantías en un espacio de tiempo tan corto como el que tiene.

El origen de los problemas actuales, según coinciden varios clubes consultados, es el retraso que se produjo con la aprobación de los estatutos que van a regular la LPFF. El 15 de junio de 2021, el Consejo Superior de Deportes (CSD) aprobó la profesionalización de la Primera División de fútbol femenino. El siguiente paso era la aprobación de esos estatutos, un proceso que se acabó dilatando durante nueve meses por la incapacidad de los clubes de llegar a un acuerdo y la exigencia del CSD de que este llegara mediante consenso. El objetivo era evitar que las guerras del fútbol masculino se trasladaran al femenino. Reto loable pero imposible, visto lo visto.

12 de los 16 clubes implicados estaban de acuerdo en un articulado y defendían su amplia mayoría, pero el Gobierno insistía en un consenso que no se produjo hasta el final del invierno y que se cristalizó con la aprobación de los definitivos estatutos el 14 de marzo de 2022. Defendía entonces el CSD que la nueva competición iba a gozar de margen para arrancar en septiembre con las máximas garantías, pero la realidad está poniendo en entredicho esa previsión.

El siguiente proceso que se activó fue las elecciones a la presidencia, resueltas el 23 de mayo con la proclamación provisional (posteriormente definitiva) de Beatriz Álvarez y Rubén Alcaine, los únicos candidatos a presidenta y vicepresidente que recogieron los avales suficientes para presentar candidatura. El 7 de junio, casi un año después de la profesionalización de la competición, se designó la comisión delegada, último requisito para que la LPFF comenzara a funcionar.

Sin estructura

La primera tarea desde ese momento fue la creación de una estructura hasta entonces inexistente y la contratación de personal para los diferentes departamentos, proceso que todavía está en marcha. Era este un requisito indispensable para activar las negociaciones necesarias para arrancar la competición.

El interlocutor más importante era la RFEF, con quien la LPFF debe negociar un convenio de coordinación que regule las relaciones entre ambas instituciones, incluyendo aspectos como los ascensos y descensos o el pago por los arbitrajes. Una conversaciones que están siendo difíciles, puesto que la relación entre RFEF y el núcleo de clubes alineados con LaLiga (más ahora tras su alianza comercial) que han tomado las riendas de la LPFF es tirante desde hace muchos años.

El conflicto sobre quién debía realizar el sorteo del calendario es uno de los reflejos de esa relación difícil, así como el establecimiento del cupo máximo de jugadoras extracomunitarias por equipo, que deberá pactarse entre RFEF, LPFF y el sindicato mayoritario, FutPro. Si persiste el desacuerdo, deberá ser el CSD quien, una vez más, intervenga.

En paralelo a estas cuestiones, la LPFF tiene dos frentes abiertos de máxima importancia. Uno de ellos es el apellido comercial, para el que contará con el apoyo de LaLiga. La nueva competición está en conversaciones con varias empresas, pero las vacaciones de verano están dificultando su avance. Son acuerdos que requieren del visto bueno de comités ejecutivos de las empresas, normalmente inactivos durante el mes de agosto.

Presentación el 6-S

La LPFF tiene previsto realizar una gala de presentación el 6 de septiembre, en el que presentarán su imagen corporativa, su identidad visual y otros aspectos, como su página web. El deseo es poder llegar a ese día con un acuerdo de 'naming' ya cerrado, pero hay clubes que no son demasiado optimistas con esa posibilidad.

Algo similar ocurre con los derechos de TV. Hay conversaciones abiertas con varios operadores, para tantear su interés, pero la ley exige que la venta de estos derechos se realice mediante un concurso público, al igual que sucede con la máxima competición masculina.

Ese 'tender' ya está redactado, abierto todavía a cambios y a expensas de ser pulido en los próximos días para poder lanzar el concurso. Y no es descartable que surjan nuevos problemas con la RFEF sobre las condiciones que se fije y la competencia que cada una de las partes pueda tener sobre ellas.

De este modo, parece complicado que el concurso quede resuelto antes de la primera jornada, por lo que la Liga femenina podría arrancar sin TV. Al menos parcialmente, puesto que la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en julio, consagra el "interés general" de la nueva competición, exigiendo que al menos un partido por jornada se emita en abierto.

Para más adelante llegará la negociación del nuevo convenio colectivo. El banco social está constituido desde enero, pero de nuevo la burocracia está retrasando la negociación de un acuerdo llamado a mejor ostensiblemente las actuales condiciones de las futbolistas.