En la mañana del martes quedó visto para sentencia en la Audiencia de Palma el juicio contra el intermediario futbolístico que recibió una comisión por mediar en el fichaje del portero internacional, Iker Casillas, por el Oporto.

Su exsocio, a través del abogado Jaime Campaner, solicita que Santos Márquez cumpla una condena de seis años de prisión por un delito de estafa, mientras que la fiscalía, que también afirma que hubo delito en esta operación futbolística, rebaja la propuesta de condena a cuatro años de prisión.

El agente futbolístico señaló en el turno de última palabra, para contrarrestar la acusación, que no había ganado dinero por mediar en el traspaso de Casillas.

El juicio se reanudó en la mañana del martes con el cambio de abogado. Otro letrado se hizo cargo de la defensa de Santos Márquez y solicitó su absolución, sosteniendo que no hubo delito en esta operación económica.

Los hechos están relacionados con la creación de la empresa Mallorca Vivas. La formaban el acusado y su entonces socio, dedicada a la mediación y representación de jugadores de fútbol. En el contrato se establecía que todos los ingresos que obtenía el acusado por su condición de agente de futbolistas se debían ingresar en los fondos de la sociedad. También tenía la obligación de informar del resultado de las negociaciones que llevara a cabo el agente

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A final del año 2012, Santos Márquez vendió su participación en la empresa al padre de su socio. La discusión se centra en determinar si en el momento de gestionar el fichaje del portero internacional, en el año 2015, aún seguían vigente los acuerdos entre los socios.

Mientras que la fiscalía y la acusación particular sostienen que el contrato aún seguía vigente y, por tanto, se debió repartir la comisión cobrada por el fichaje, el intermediario futbolístico asegura que ya no le unía ningún tipo de obligación económica con su antiguo socio. El acusado cobró más de 400.000 euros en concepto de comisión por el fichaje del portero.

El fiscal mantuvo que no era cierto que en el momento de negociar el fichaje de Casillas el acusado actuara por su cuenta, sino en representación de la sociedad, que en ese momento le pagaba sus gastos particulares, como por ejemplo el alquiler del piso en el que residía en Madrid. "Ha vivido de la empresa", aseguró el fiscal, que destacó la obsesión del acusado con quedarse con todo el dinero.

Jaime Campaner, como acusación particular, aseguró que todos los testigos han vinculado al representante de futbolistas con la sociedad y mantuvo que tenía la obligación de repartirse con la empresa los beneficios que obtuvo por la operación Casillas. "Le cayó una inversión millonaria sin gastarse un duro", señaló el letrado, que aseguró que el acusado decidió quedarse con la comisión del ficha engañando a la empresa que le estaba pagando sus gastos.

La defensa, en cambio, mantiene que en el momento del fichaje, que se realizó en el año 2005, el contrato ya no estaba vigente y que su cliente actuó como representante sin estar vinculado con ninguna sociedad.