El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente disciplinario a Miquel Bestard, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), por ser uno de los mandatarios de las territoriales que en su día apoyó a Angel María Villar en las elecciones a la presidencia.
Según ha informado la web especializad Iusport.com, el TAD "acordó el pasado viernes incoar expediente disciplinario a los presidentes territoriales". "El CSD (Consejo Superior de Deportes), en comunicación oficial de fecha 13 de febrero, volvió a dirigirse al TAD reiterando lo indicado en la Resolución de fecha 31 de octubre de 2018, por medio de la cual se instaba a ese órgano para que, en su caso, acordara incoar el correspondiente expediente disciplinario a 16 presidentes de federaciones deportivas de ámbito autonómico", señala José Miguel Fraguela en su artículo.
El TAD había solicitado en noviembre pasado al CSD que "se concreten los elementos de su petición razonada y se revise la misma en su conjunto en los términos indicados en la presente resolución".
El CSD había acordado "(...) instar a este órgano para que, en su caso, acuerde incoar el correspondiente expediente disciplinario a los siguientes presidentes de federaciones deportivas de ámbito autonómico: D. Maximino Antonio Martínez Suárez (Asturias) D. José Ángel Peláez Montes (Cantabria) D. Andreu Subíes i Forcada (Cataluña) D. Antonio García Gaona (Ceuta) D. Antonio Escribano Ramos (Castilla-La Mancha) D. Marcelino Santiago Maté Martínez (Castilla y León) D. Pedro Ángel Rocha Junco (Extremadura) D. Jacinto Andrés Alonso Marañón (La Rioja) D. Diego Martínez Gómez (Melilla) D. José Miguel Monje Carrillo (Murcia) D. Luís María Elustondo Ciarreta (País Vasco) D. Vicente Muñoz Castelló (Valencia) D. Miguel Bestard Cabot (Baleares) D. José Rafael del Amo Arizu (Navarra) D. Francisco Javier Díez Ibáñez (Madrid) D. Antonio Suárez Santana (Canarias)".
Ahora, tras el nuevo requerimientro que le envió el CSD, el TAD abre expediente a los presidentes de las territoriales, por una cuestión similar a la que provocó la destitución de Villar, "incumplir su deber de neutralidad durante el proceso electoral de 2017 mientras era presidente de la Comisión Gestora".
