Ángel María Villar ha informado de que recurrirá su destitución, resuelta este viernes por el TAD y que supone, en su opinión, "la sanción más grave impuesta a un presidente de Federación desde la constitución del mismo" y "conllevaría la convocatoria de nuevas elecciones a la Presidencia" de la RFEF.

Villar ya anunció a EFE antes de conocer la decisión del TAD que en caso de ser destituido recurriría la sanción, acordada por el tribunal por cometer infracción muy grave según la Ley del Deporte durante el último proceso electoral, al haber presidido la Comisión Gestora cuando optaba a ser reelegido en el cargo, como lo fue el último 22 de mayo.

El expediente a Villar por este motivo se incoó a petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado septiembre y en su defensa el dirigente argumentó que había solicitado autorización a la Comisión Electoral de la RFEF para abrir unas cuentas en redes sociales durante el periodo de elecciones y que el permiso le fue concedido.

"José Ramón Lete nunca me dio la oportunidad de explicarle este hecho, antes de solicitar la iniciación del expediente disciplinario. En caso contrario nunca se hubiera abierto este procedimiento contra mi persona", agregó Villar, suspendido temporalmente durante un año desde el 25 de julio por su presunta implicación en la "Operación Soule" que instruye la Audiencia Nacional.

Según Villar, "el TAD ha demorado la tramitación de este expediente iniciado el pasado 15 de septiembre, hasta tal punto que, para evitar su caducidad (a los 3 meses, es decir, el 15 de diciembre de 2017) y sin disponer de causa legal para ello, acordó la interrupción del expediente hasta que recibiera la notificación de la propuesta de resolución".

Por este motivo y antes de la reunión de este viernes, Villar anunció que ha recusado a todos los miembros del TAD que acordaron la mencionada interrupción del expediente. "Al entender de mis abogados, el procedimiento caducó el pasado 15 de diciembre", agregó Villar.

"Si el TAD llegase a adoptar mi destitución como presidente, sería la sanción más grave impuesta a un presidente de federación desde la constitución del mimo. Una gravísima injerencia en la autonomía e independencia de la RFEF y mis abogados estudiarían todas la acciones legales que pudieran corresponder para recurrir la decisión y depurar las responsabilidades penales", concluyó.