Año de Juegos, año de cargos nuevos. Como si de un refrán popular se tratara, con ocasión de la celebración de los JJOO de Río de Janeiro todas las federaciones deportivas, tanto españolas como baleares, deben celebrar obligatoriamente elecciones a nuevos miembros asambleístas y a Presidente.
Y por tercera vez ya desde su promulgación allá por el año 2008, los procesos electorales de las federaciones de nuestras islas se van a celebrar bajo el paraguas de una norma desfasada y que precisa de una urgente modificación, el famoso Decreto 86/2008, de 1 de agosto.
Ya tuvimos ocasión de manifestar en 2008 y 2012 que el Decreto adolecía de dos defectos esenciales, los cuales siguen sin ser solucionados: la complejidad y el tiempo. Complejidad porque son innumerables las actuaciones exigidas, a saber: 32 para las federaciones que siguen el sistema de clubes y la friolera de 49 las que siguen el tradicional sistema de estamentos.
Y tiempo porque si se cumplen todos los trámites exigidos por el Decreto el calendario de las federaciones que eligen el sistema de clubes es de 'sólo' cinco meses, pero el de las que eligen el de estamentos se va a unos inaceptables ocho (!!) meses. Ocho meses en los que las federaciones quedan paradas en manos de una comisión gestora. Ocho meses de mandato que le son cercenados al nuevo presidente. Ocho incongruentes meses cuando el propio artículo 15 del Decreto establece que "para llevar a cabo los procesos electorales se establece un plazo máximo de seis meses".
Podemos afirmar sin lugar a dudas que nos hallamos ante el proceso electoral más largo a la par que ineficiente del mundo. Para muestra un botón: las Federaciones Españolas tardan un máximo de 50 días en elegir a sus asambleístas y presidente y tienen un ámbito territorial mucho mayor que el nuestro, con la complejidad que eso conlleva. ¿Cómo asumir entonces que nuestras federaciones, infinitamente más pequeñas que aquéllas, tarden cuatro veces más en hacer exactamente lo mismo?
El actual equipo de gobierno debería marcarse como una prioridad llevar a cabo de una vez por todas el necesario desarrollo reglamentario de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Una tarea que en diez años ningún gobierno anterior (con independencia de su color) ha realizado, sumiendo así al deporte balear en un mar de incongruencias normativas tremendamente difícil de entender incluso para los que somos juristas, no digamos ya para los propios actores deportivos de nuestras islas (federaciones, clubes, deportistas, etc.).
Los esfuerzos por alcanzar la excelencia en nuestro deporte no deberían quedarse en los terrenos de juego, sino que sería deseable que fueran acompañados de un marco normativo igualmente excelente y, por encima de todo, práctico y eficiente, marco del que lamentablemente ahora mismo carecemos.
