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Ciclismo

Controversia ante el multazo

Delegación de Gobierno defiende que las marchas cicloturistas internacionales multadas "no se ajustan al Reglamento de Circulación" y responsabiliza al Consell de las sanciones

Imagen de un pequeño pelotón de la edición del 2015 de la Mallorca 312 en su tránsito por carreteras de la Serra de Tramuntana.

Pese a las declaraciones de buenas intenciones de unos y otros, el tema va para largo. Y es que será necesario un gran acuerdo institucional para solucionar el conflicto público destapado ayer por Diario de Mallorca sobre la organización en la isla de multitudinarias marchas cicloturistas internacionales y las sanciones con 4.000 euros a cada uno de sus organizadores -Mallorca 312, Mallorca Clàssic y Transmuntana-, a cargo de la Guardia Civil y el Consell insular. Un aspecto que dejaron en evidencia los diferentes comunicados sobre el tema, valoraciones y contoversias de las entidades implicadas: Delegación de Gobierno, la Conselleria de Turisme del Govern y Consell.

Desde Delegación de Gobierno, con Teresa Palmer al frente, se defendió que las tres pruebas objeto de sanción, a las que califican de "carreras", "en ningún caso se ajustan a lo que el reglamento de Circulación establece". Al tiempo que se añadió: "No reúnen las condiciones de seguridad necesarias para los participantes, exisitiendo grave riesgo de accidentes, tal y como señala el informe pertinente de la Guardia Civil".

"El incumplimiento sistemático de tales condiciones hace que el control de la prueba sea imposible dado el número de participantes, diferencias de nivel y largas distancias establecidas, provocando situaciones de grave riesgo para los participantes y terceros", precisa la nota de Delegación. Un comumicado que incluye: "Tráfico ha mantenido y mantiene conversaciones con las organizaciones de las citadas pruebas para buscar soluciones alternativas que no pongan en peligro la seguridad de los participantes".

Y en el epílogo de su comunicado, Delegación de Gobierno asegura que las sanciones administrativas de 4.000 euros las impone el Consell que preside Miquel Ensenyat: "La unidad de Tráfico de la Guardia Civil se limita a elaborar un informe señalando todo lo expuesto y lo transmite al Consell Insular de Mallorca, que es a quien le compete la decisión final sobre las autorizaciones, así como la aplicación de posibles sanciones (en este caso las relativas a las pruebas del 2015)".

Desde la Dirección General de Turisme del Govern fue Pilar Carbonell la encargada de solicitar "flexibilidad", para favorecer la organización de pruebas ciclistas que potencian la promoción turística de Mallorca: "Entendemos la preocupación por la seguridad, que siempre ha de ser máxima, pero sí ha de haber cierta flexibilidad para que se desarrollen marchas como estas". "Es un poco incomprensible que pase todo esto", destacó la directora general, quien adelantó que ya se ha mediado a su favor: "Tenemos que conseguir que estas pruebas se lleven a cabo, y hemos visto sintonía por parte de la Guardia Civil".

Y desde el Consell de Mallorca se explicó que a lo largo de las marchas "la Guardia Civil es la encargada de la vigilancia y seguridad de la prueba. Por este motivo, la Prefectura Provincial de Tráfico comunica al Consell todas las incidéncias que tengan lugar. A partir de ese momento, el Consell está obligado a actuar en base al régimen sancionador que observa la Ley 7/2013 de Actividades en las Illes Balears, en todos los casos que las incidéncias puedan ser motivo de sanción".

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