Las autoridades comunitarias han dado un paso más en el cerco sobre los métodos de financiación de los clubes de fútbol españoles. Las recalificaciones urbanísticas, las ayudas públicas de todo tipo y los beneficios fiscales irregulares están siendo investigados por la Comisión Europea. Por unas razones u otras, Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules son protagonistas del expediente que la Comisión Europea abrirá el próximo miércoles, según anunció este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo.
La presión se ha redoblado este martes, al exigir la Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que "deje de retrasar la decisión" de poner en marcha una investigación formal contra España por las supuestas ayudas públicas ilegales a clubes de fútbol profesional.
En varios países de la Europa futbolística están convencidos de que sus clubes compiten en inferioridad con los españoles. No entienden que durante los últimos años se haya permitido competir a equipos con deudas millonarias que, además, recibían ayudas de instituciones públicas. Al final de la pasada temporada, las deudas de los clubes profesionales (Primera y Segunda División) superaban los 3.600 millones de euros, de los que más de 700 correspondían a Hacienda.
El caso "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes de fútbol en cuestión", dijo O'Reilly en un comunicado.
El Real Madrid y el Athletic de Bilbao son objeto de una doble investigación: por no realizar la transformación en sociedad anónima deportiva (SAD) y por la recalificación de los terrenos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el caso del club blanco, y por las ayudas para la construcción del nuevo San Mamés, en el del Athletic. Para Bruselas, el Barcelona y Osasuna también son sospechosos de aprovecharse de unas condiciones fiscales beneficiosas al no convertirse en SAD, como establecía la ley de 1990 para los clubes profesionales de fútbol y baloncesto.
El Valencia, el Hércules y el Elche se beneficiaron en su momento de la generosidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que en julio de 2011 avaló préstamos a los tres clubes por valor de 118 millones de euros. A comienzos de 2013, los dirigentes de los clubes advirtieron de que no pagarían los créditos que pidieron a varios bancos con el respaldo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Como las entidades financieras ejecutaron el aval, la Generalitat pasó a convertirse en el accionista mayoritario de los tres clubes.
Según Margallo, durante el próximo mes el Gobierno recopilará la información necesaria para defender a los siete clubes de las acusaciones de Bruselas, entre otras cosas porque, según el Ministro, el fútbol "forma parte de la Marca España". Curiosamente, en la decisión de la Comisión Europea tendrá un peso importante la opinión de la máxima autoridad de Competencia, Joaquín Almunia, que es un reconocido aficionado y socio del Athletic de Bilbao. La Comisión podría forzar la devolución de las ayudas ilegales, en algún caso millonarias.
