La todavía seleccionadora española de natación sincronizada Anna Tarrés ha explicado esta tarde tras el juicio celebrado contra la Real Federación Española de Natación (RFEN) y su presidente, Fernando Carpena, en el que ha pedido una indemnización de unos 350.000 € por vulnerar su derecho como seleccionadora y daños morales, que éstos nunca se llegarán a limpiar.

"Nunca se llegará a limpiar o devolver el daño que se ha hecho hacia mí, mi familia y hacia la sincronizada. Ha sido una manera muy desagradable de vivir el final de una época deportivo y personal con el equipo. No sé si esto se puede llegar a devolver nunca de ninguna manera", aseguró en declaraciones a los medios a la salida del juicio, celebrado en Terrassa.

Tarrés, que no pudo valorar cómo fue la vista, espera que la justicia siga su curso y le dé la razón. "Pido que se restablezca mi honor y los daños morales que se me han hecho, a parte de todo el tema económico, que no se me ha pagado por lo que ha pasado en este periodo desde el conflicto. Había muchos países interesados en que pudiera trabajar con ellos y a partir de la carta se rompe toda la negociación", explicó.

Además, recordó que todavía no sabe por qué se decidió desde la RFEN no renovarle el contrato, que acaba el 31 de diciembre de este año. "Me ha parecido que no hay argumentos para explicar el cese, es una realidad", señaló antes de lamentar que se le impida, además, ejercer su cargo. "No hago de directora técnica porque no dirijo nada", apuntó.

En cuanto a la conflictiva carta firmada por quince nadadoras en la que afirman que Anna Tarrés seguía métodos no deportivos y abusivos, llegando a tildar a la catalana de dictadora, reiteró que cree que la base u origen está en la RFEN. "Hay muchos indicios de que está orquestado desde dentro, de alguna manera", señaló.