Ni el Estado puja por el documento de Cervantes: la subasta queda desierta tras declararse inexportable

La prohibición dictada por el Ministerio de Cultura un día antes de la subasta para impedir la salida de España del documento notarial firmado por Miguel de Cervantes el 8 de julio de 1593 en Sevilla ha condicionado este miércoles su venta pública en la sala Durán de Madrid, donde partía con un precio de salida de casi 150.000 euros: 120.000 más la comisión. Pero también ha pesado el ruido que ha generado su procedencia y el recorrido judicial de una pieza que la Junta de Andalucía reclamó durante años ante los tribunales tras denunciar que había sido robada del Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Sevilla. Nadie, ni siquiera el representante del Estado, atento a la subasta desde primera fila, ha pujado.

Cuando esta tarde el subastador ha anunciado el lote 707, las miradas se han detenido sobre quienes estaban recibiendo las pujas vía online y telefónica. Nada. Después, sobre el representante ministerial. Tampoco. Y como si nada se ha cantado el lote siguiente, el 708.

Este documento notarial fue reconocido en 1998, cuando apareció en una primera subasta pública en Barcelona. La vía penal iniciada por la Junta de Andalucía fue archivada y la reclamación civil, desestimada en Mallorca en 2007 y tampoco fue admitida por el Supremo. El resultado acabó dando la razón al propietario frente a la tesis de la Administración andaluza, que defendía que se trataba de un documento público, de propiedad estatal y sustraído de un archivo.

Aun así, el juicio no puso en duda la autenticidad de la pieza ni su relación con el archivo sevillano. En concreto, se trata de una carta de pago en la que Miguel de Cervantes Saavedra reconoce haber recibido 600 reales de plata de Andrés de Cerio, vecino de Córdoba, por sesenta días de trabajo, a razón de diez reales diarios. Fue una labor administrativa vinculada al embargo de 5.000 arrobas de aceite en Écija, Marchena, Arahal y Utrera, destinadas a la provisión de las galeras de España con destino a las Indias. Cervantes declara en el escrito que recibió el dinero en metálico, que quedó satisfecho y pagado, y por eso otorgó la carta de pago.

El escrito fue identificado como parte del protocolo del escribano Luis de Porras, custodiado en el Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Sevilla. Para acreditar su origen, la Junta defendió que no se trataba de una copia privada, sino de una matriz notarial sustraída del archivo: conservaba la foliación original, presentaba un corte compatible con el del protocolo, tenía dobleces propios de haber estado encuadernada y mantenía elementos internos característicos de este tipo de documentos, como firmas, rúbricas, aranceles, tachones y anotaciones. También alegó que en el legajo de índices figuraba la referencia a esa escritura como asiento 390 y que, al revisar el protocolo, faltaba precisamente la página con ese número.

Protección desde el Ministerio de Cultura

Nada de eso sirvió y los jueces dieron la razón al vendedor y propietario, el abogado mallorquín José María Casasayas Truyols, un reputado cervantista y principal impulsor de la Asociación de Cervantistas, con sede en Alcalá de Henares. El comprador en aquella subasta, una librería de Londres, no obtuvo sin embargo la autorización de exportación del Ministerio de Cultura y el documento nunca ha salido de España. Tampoco lo hará ahora.

De hecho, el subastador ha incidido en este detalle al presentar el lote. "Es inexportable", se le ha escuchado varias veces.

El interés histórico del documento ha llevado al Estado a protegerlo como parte del patrimonio histórico y cultural español. La pieza remite a una etapa menos conocida de Cervantes, la de sus años al servicio de la Corona en Andalucía. Tras regresar de su cautiverio en Argel en 1580, intentó rehacer su vida primero en Madrid y, desde 1587, en tierras andaluzas, donde trabajó como comisario de abastos para la Armada y más tarde como recaudador de impuestos atrasados.

Fue una etapa ingrata, marcada por encargos oficiales, pleitos, deudas y problemas con la Hacienda Real, que incluso lo llevaron durante un breve periodo a la cárcel. Después de aquellos años, que se prolongaron hasta comienzos del siglo XVII, Cervantes se movió entre Valladolid y Madrid, ya en los años previos a la publicación de la primera parte del Quijote, en 1605.

Esa trayectoria explica en buena medida la importancia histórica del documento, que remite a una España de finales del siglo XVI marcada por el peso de la Corona, la Armada y el comercio con las Indias.