Canarias aprueba la Ley del Sistema Público de Cultura, pionera en España

Canarias avanza a la vanguardia de las políticas culturales del país al convertirse en la primera comunidad que aprueba la Ley del Sistema Público de Cultura con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. El pleno dio luz verde con 64 votos a favor a esta proposición de ley que comenzó su andadura en abril del año pasado y que, en menos de doce meses, estructura y garantiza la coordinación y cooperación de las administraciones públicas en aras de situar a la ciudadanía en el centro de la gestión, como beneficiaria primera y última del acceso a los derechos culturales.

La consejera Manuela de Armas, responsable del área, agradeció tras la votación el trabajo conjunto de los implicados que construye un horizonte en el que "los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la cultura". Equiparable a Sanidad o Educación, Cultura será parte del eje del debate social y dispondrá de un gasto mínimo del 2% del presupuesto autonómico, el cual crecerá hasta llegar a ese punto en 2030.

Asimismo, incorpora varias novedades, entre ellas, la creación de una Comisión de Coordinación que elaborará el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias; también, la disposición de una Red de Equipamientos Culturales de utilización pública que permita a la ciudadanía, además de ver exhibiciones, promover su propia creatividad y compromiso social; la incorporación de una Ventanilla Única Cultural que facilite y aglutine los trámites de las distintas corporaciones; y la incorporación de un Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura que permita ejercer con mayor eficacia la gestión cultural de la región y ofrezca una mayor transparencia a través de los informes elaborados.

En la tribuna, estuvieron presentes Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Rubén Pérez, director general de Cultura, Nona Perera Betancor, directora general de Patrimonio Cultural, Laura Fuentes, directora general de Juventud, y las consejeras culturales Guacimara Medina, del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Elena García, del Cabildo de La Gomera, Tatiana Brito, del Cabildo de El Hierro, Jovita Monterrey, del Cabildo de La Palma, Alberto Aguiar Lasso, portavoz del Cabildo de Lanzarote, y María Concepción Brito Núñez, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM); como parte del diálogo que se ha promovido en esta última parte de la legislatura con los distintos agentes culturales.

Intervenciones en positivo

Durante sus intervenciones, Manuel Marrero, del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias —formación a la que se adscribe la Viceconsejería—, subrayó la mejoría "cualitativa" del texto gracias a las enmiendas propuestas en los últimos meses, tanto del Consejo Consultivo como del Instituto de Arte Contemporáneo de Canarias o las demás fuerzas políticas. "Canarias, con esta ley, innova hacia un sistema de colaboración, cooperación y coordinación que nos sitúa a la vanguardia legislativa cultural; el objetivo es articular un instrumento de reconocimiento y garantía pública bien estructurada con estrategia definida y sostenible que nos permita cumplir con la Agenda 2030. Por tanto, situamos a la cultura como un servicio público para mejorar sus índices de eficacia, eficiencia y equidad", adelantó. "Bienvenida sea la aprobación: hoy colocamos el tabique de la cultura en la construcción del bienestar de nuestra autonomía".

Evitar recortar en cultura, como ha pasado en tiempos de crisis, fue una de las ideas sostenidas por Lorena Hernández, representante del Partido Popular (PP): "Tenemos derecho a una sanidad y casa dignas, pero también a ser partícipes en una política cultural integradora, no a la concatenación de eventos sino a una directriz con unos objetivos claros". Además, remarcó que "esto no es un instrumento ideológico sino un compromiso firme con un sector. Toda ley es mejorable y toda idea es superable, pero lo importante es que esta exista. Es más, llegamos tarde, pero dispuestos a transformar los paradigmas de una ley de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas".

María del Pino González Vega, del Partido Socialista (PSOE), aseguró que "hoy este parlamento vuelve a vivir un gran día, en el que damos otro gran paso para construir una Canarias mejor, que reconoce a la cultura como un derecho y garantiza el acceso y participación en la vida cultural en condiciones de igualdad y universalidad", a lo que agregó, "en definitiva, Canarias avanza en cultura, derecho y en justicia social porque con ella vamos a garantizar el acceso a la cultura de la población, proteger a nuestro sector cultura y favorecer el desarrollo cultural de nuestras islas".

Uno de los pilares básicos de la ley es la coordinación y cooperación de las administraciones públicas, con el respeto a sus competencias, para ampliar y cubrir las necesidades del territorio. Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, utilizó esta característica para declarar que "es una de las razones por la que esta norma pionera va a ser solicitada y reproducida en el territorio español, avanzada por inexistente hasta ahora", a lo que añadió, "así acabamos con ese paradigma de que en cada municipio tenga que haber un auditorio cuando es más importante garantizar un contenido y una estructura que llegue a la ciudadanía a través de una correcta planificación". En paralelo, recordó que la formación continuada y la incorporación de nuevos perfiles es uno de los puntos destacados de la ley.

La intervención de Juan Manuel García Ramos, del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) rememoró grandes hitos que también se han producido en el Parlamento, como la aprobación de la ley de Bibliotecas y Patrimonio Cultural en 2019, además, aseguró que "esta ley nos viene a reparar una gran equivocación de las administraciones públicas de Canarias" y, aparte de las felicitaciones, confesó que si bien el proyecto es ambicioso, "tengo mucho miedo a todas estas cosas" porque hay que hacerlas "realizables". En esta línea, Melodie Mendoza, diputada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), indicó que el objetivo no es otro que "reconocer la importancia de la cultura en la construcción de la sociedad canaria". También recordó, al hilo de las estadísticas, que más de dos terceras partes de la sociedad canaria apenas hace uso de la oferta cultural, por lo que "con este texto normativo se pretende dar el lugar y la importancia que corresponde".

Palabras que, en consonancia con el discurso de Vidina Espino, circunscrita al Grupo Mixto, recuerdan que la ley sitúa a la cultura como "un bien básico y un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad", razón por la que "era necesario coordinar y estructurar el sistema desde un punto de vista jurídico y administrativo contando con la participación del sector cultural y sus profesionales".

Entre las enmiendas a destacar, la ley proponía en un principio en su artículo 23.2 que se destinara un 5% por parte de las corporaciones insulares y locales al área de cultura. Finalmente, se ha mantenido como mera recomendación puesto que el propio Consejo Consultivo de Canarias advirtió de que obligar a los ayuntamientos y cabildos esta subida podría ser constitutivo de inconstitucionalidad.

Estructura de la ley

La Ley se estructura en dos Títulos, siete Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.

El Título I establece el objeto de la Ley, consistente en la creación y regulación del Sistema Público de Cultura de Canarias, así como los principios que la inspiran y que iluminan las actuaciones y objetivos hacia los que las Administraciones Públicas y organismos y entes del sector público, a los que se aplica la norma, han de orientar el desarrollo de sus competencias.

El Título II regula el Sistema Público de Cultura de Canarias a lo largo de cuatro Capítulos. Tiene por objeto la creación y regulación del Sistema Público de Cultura de Canarias, en el que se integran las Administraciones Públicas y organismos y entes del sector público con competencias en materia de cultura o que realicen actividades en consonancia en el territorio. Asimismo, podrán formar parte del Sistema las personas físicas o jurídicas del sector privado, en los supuestos previstos, que desarrollen actividades o presten servicios culturales.

Además, el Sistema Público de Cultura de Canarias tiene por finalidad articular funcionalmente el conjunto de las actividades, prestaciones y servicios culturales que realizan las Administraciones Públicas y los demás organismos y entes del sector público, en régimen de colaboración, cooperación y coordinación.

En el ejercicio de sus competencias, cada Administración Pública promoverá un desarrollo de las actividades y servicios culturales presidido por la complementariedad, corresponsabilidad, coherencia e innovación con el objetivo primordial de ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural en condiciones de libertad, igualdad, no discriminación, universalidad y transparencia.