La ley autonómica que regula las corridas de toros y protección de animales en Balears no se ha aplicado en su totalidad en ninguno de los festejos que han acontecido. No por incumplimiento de las empresas sino por la falta de desarrollo reglamentario en lo que se refiere a controles antidopaje de los animales que tengan que ser toreados y de los profesionales taurinos que intervengan en el toreo antes y después del espectáculo.
Si llegados los días 4 y 5 de agosto, en que están anunciadas las corridas y, por falta de tiempo, el protocolo no hubiese sido aprobado, a pesar de que es al propio Ayuntamiento a quien le corresponden las competencias administrativas sobre la tramitación de documentos de espectáculos taurinos según la ley 7/2013, del 26 de noviembre, no podría prohibir la celebración de ambos festejos debido al vacío legal y las lagunas evidentes que existen en la falta de órdenes anteriores y posteriores para la ejecución y aplicación de la citada normativa, ya que el texto carece de la necesaria precisión mínima para poder llevar a efecto la ley taurina en su totalidad puesto que se deben determinar extracciones de sangre y sus cantidades, equipo médico que deba realizar las extracciones y los laboratorios que deban analizar las muestras. Si bien el propio ayuntamiento descarga su responsabilidad en las inspecciones de la plaza de toros, un requisito para poder celebrar sendas corridas e intenta involucrar al resto de instituciones.
Fuentes municipales informaron que los informes de inspección técnica y de la licencia de actividades de la plaza de toros aún no estaban realizados, puesto que aún no se han llevado a cabo las inspecciones pertinentes. Puntualizaron que también están pendientes de informes de la Delegación de Gobierno y de la conselleria de Salud, y destacaron que «son más vinculantes que los de Urbanismo”. Se confirma que ya están tramitados los nombramientos tanto del presidente, Fernando Corchero, como del asesor artístico según la aplicación del artículo 41 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos taurinos que dispone que la Presidencia de un espectáculo taurino debe contar obligatoriamente con un asesor técnico taurino nombrado entre profesionales taurinos retirados.
La conselleria de Salud realizará la inspección concerniente para comprobar que las infraestructuras sanitarias cumplen la normativa. Ha solicitado al promotor y al jefe del equipo médico-quirúrgico toda la documentación pertinente sobre las exigencias en materia de recursos humanos y de equipamiento material. Cort también pretendía que la conselleria de Agricultura fuese a la inspección, pero argumenta que no tienen competencias en la plaza de toros. Por su parte, la empresa confirma que ha presentado de manera telemática, desde Salamanca, la declaración responsable donde certifican disponer de la documentación.
