La ciencia jurídica supone que los jueces son capaces de aplicar la ley dejando de lado sus propios prejuicios, sentimientos y opciones políticas, que tienen como cualquier otra persona. Como es natural, ningún juez es capaz de convertirse en un instrumento ciego de la justicia y, al igual que cualquier, queda preso de los condicionantes que le pueda imponer, por ejemplo, una situación personal de cansancio o estrés; no digamos ya nada de una dolencia que pueda afectar sus condiciones físicas y mentales.
Sin embargo, se supone que las enseñanzas recibidas y la propia práctica de la carrera judicial deberían suponer de contrapeso frente a ciertos prejuicios que las personas de a pie, por así decirlo, manifestarían ante la supuesta comisión de un delito, en especial grave. Sandra Báez, investigadora del Departamento de Psicología en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), y sus colaboradores han publicado en la revista Humanities & Social Sciences Communications los resultados de una investigación cuyo título deja claro que lo que se quiere analizar es la hipotética existencia de tal contrapeso: «El impacto del conocimiento legal en los sesgos de las decisiones morales». No es lo mismo juzgar desde el punto de vista de los tribunales que desde el ético pero como es sabido que la moral supone el punto de partida del derecho, el enfoque queda justificado. Y las conclusiones de Báez y colaboradores deberían tranquilizarnos. Para los autores: «Nuestros hallazgos sugieren que la experiencia específica desarrollada en entornos legales puede atenuar algunos prejuicios generalizados en los procesos de decisión moral».
Tan interesante es el resultado del estudio como el hecho de que se haya realizado, en particular en las condiciones sociales en las que nos encontramos en España, con una judicialización de las acciones políticas excesiva porque quienes deberían resolver sus propios problemas, los políticos, no lo hacen. Pero al leer el artículo de Báez me ha sido imposible olvidar lo en verdad sustancial; cuáles son los mecanismos cerebrales que permiten a los jueces el llevar a cabo de una forma distinta las decisiones que esconden claves morales. Un proyecto así fue comenzado por el grupo de investigación de la UIB al que en su día pertenecí, trabajando en él durante cerca de una década, si no durante más tiempo. Pretendíamos averiguar cuáles eran las redes cerebrales activadas en los delincuentes con pena de cárcel por delitos de sangre y los jueces de lo penal cuando, unos y otros, se enfrentan con dilemas morales en los que, para salvar a un grupo de personas, hay que tomar la decisión de matar a una de ellas. Por desgracia, ni siquiera un convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial nos permitió llevar a cabo el estudio. No hubo manera de localizar los jueces necesarios para que hiciesen de sujetos de experimentación.
