En estos días de confinamiento, un aislamiento impuesto en aras de la protección de la salud de la ciudadanía, se están cercenando derechos y se está regresando a esquemas mentales donde la pluralidad y la participación de la población podrían correr el peligro de convertirse en exquisiteces de la democracia. Prima la urgencia, el estado de alarma, la incomunicación, ¿ahora andarnos con finuras? Las instituciones encargadas de gestionar esta crisis dialogan estos días con grupos de elegidos (ya lo hacían antes), sólo que ahora el cerco de esas voces elegidas como interlocutores se estrecha cada vez más por el relato de emergencia o por las limitaciones de la tecnología: las videoconferencias limitan el número de participantes, dirán.
Las instituciones se están deshumanizando y se están vaciando de la función pública que les da sentido. Un proceso que no es de ahora y ha venido produciéndose paulatinamente, a medida que la Administración se ha ido alejando del bien común para acercarse a unos pocos (ya sean grupos de poder, empresas o intereses de los propios partidos políticos) que acaban marcando la agenda de las políticas públicas y básicamente a dónde se destinan los recursos de todos.
Esta introducción sirve para contextualizar en qué punto lo dejamos antes del coronavirus y hacia dónde se encamina la gestión pública de esta crisis sin precedentes que parece que debería cambiarlo todo.
En el ámbito cultural, vemos cómo han regresado con fuerza estos días las reivindicaciones sectoriales, entre las cuales se hace muy necesario distinguir entre las reclamaciones de los empresarios y las peticiones de los trabajadores. Bajo la nada inocente premisa de la unidad en el sector y de unificar la protesta (en línea con operaciones de marketing como el lema humanitarista-corporativo "este virus lo paramos unidos"), se corre el peligro de eludir la desigual distribución de roles y riqueza en la esfera cultural y de perpetuar esa desigualdad en las medidas públicas que están todavía por aprobar. Asimismo, preocupa que otros agentes culturales que no entran dentro de la lógica productiva o cualquier ciudadano no profesional, que también hacen cultura y son cultura, no sean estos días (ni antes) interlocutores de la Administración. ¿Volverá a circular un manifiesto como el de Cultura per a tothom? ¿Qué cultura queremos? ¿Cómo nos estamos implicando?
La función pública, aquella que vela por el bien común, está herida y mutilada. Las instituciones han interiorizado que la cultura son sólo unos pocos, en concreto aquellos que han hecho del arte su profesión o su negocio. Un ejemplo reciente: la conselleria de Presidencia y Cultura ha enviado esta semana un mail a diversos agentes de la comunidad cultural con una guía de preguntas y respuestas donde uno de los documentos adjuntos era la "relación de interlocutores del sector cultural". Si tienes dudas acerca del coronavirus y a qué medidas puedes acogerte, se sugería a los destinatarios del mail que hablaran con las personas de la lista, todas del sector privado. Como opción b, se proponía enviar un mail a una dirección siguiendo unos códigos, advirtiendo de que si no se incluían en el asunto, los correos no serían procesados por la Administración.
En definitiva, las medidas específicas para la cultura que están por venir no deberían consistir únicamente en sacar la chequera, como piden los cien Premios Nacionales de Cultura que han escrito una carta al ministerio, sino que deberían encaminarse a enmendar un sistema, el cultural, que redistribuye de manera desigual los recursos públicos y arrincona a muchas voces en la confección de las políticas culturales.
