La eliminación del requisito del catalán para el cargo de director del Institut d’Insdústries Culturals (ICIB) divide a los partidos del Pacto. Mientras que el PSOE, al frente de la conselleria de Presidencia y Cultura de quien depende el órgano, defiende que esté exonerado de la exigencia, sus socios de Més y de Més per Menorca reclaman una rectificación y Podemos pide explicaciones. Los únicos partidos que apoyaron ayer la decisión del Govern fueron el PP, Ciudadanos y Vox. “No podemos pasarlo por alto, tiene que rectificar”, fue el portavoz de Més, Miquel Ensenyat, el más claro en pedir la recuperación de la exigencia para el puesto directivo.
“Para nosotros la polémica es que todavía estemos en estas polémicas. Estas cuestiones no pueden pasar”, defendió el portavoz de Més en relación a la decisión de sus socios en el Govern, instándoles a “rectificar”. También desde los socios externos de Més per Menorca, el diputado Josep Castells, se criticó la decisión: “Debe haber una política coherente”, reclamó el parlamentario menorquín que anunció “medidas parlamentarias para hacer que reconsideren la decisión”. “El PSIB tendrá que escoger con quién hace bloque y se junta: con sus socios de Govern o con la oposición”, alertó Castells a los socialistas.
La delegada de Cultura evita hablar
Precisamente, con Podemos evitando mojarse y limitándose a anunciar que “pedirán explicaciones” al Ejecutivo, los únicos partidos que apoyaron la decisión fueron PP, Ciudadanos y Vox. “Siempre hemos defendido el catalán como requisito, le damos la bienvenida al PSIB”, se mostró satisfecho el popular Antoni Costa, a la vez que desde Ciudadanos también lo aplaudieron recordando que había sido siempre “una bandera de nuestro partido”.
El PSOE se aferró a que el cambio cumple con la legalidad para defender la medida y apuntando que “no es un requisito que se exija a ningún alto cargo”. “Si hay que exigirlo a los altos cargos, o todos moros o todos cristianos”, defendió la socialista Silvia Cano.
Los argumentos del PSIB coincidieron con los que ofrecieron desde el área de Cultura del Govern: “Es la misma exigencia presente en contratos de instituciones similares del Govern y del resto de instituciones de la comunidad”, defendieron fuentes oficiales del departamento, toda vez que la delegada de Cultura, Catalina Solivellas, evitó hacer declaraciones.
