Para la estrategia política y electoral, la ciudadanía se divide en tres grandes bloques: los disidentes, los creyentes y los que están entre esas dos categorías radicales y opuestas. Es en ese intersticio donde se sitúa un importante grueso: buena parte de los ciudadanos se limita a aceptar el modo de gobierno, sin creer verdaderamente que pueda hacerse oír ni que esto valga la pena. El problema es que ahora las fórmulas mágicas que se han ofrecido a la ciudadanía para salir de este paisaje de apatía son de una peligrosidad extrema pese a los intentos de blanquearlas. Hannah Arendt ya advirtió sobre la banalidad del mal. Pese a este blanqueamiento, queda patente que con los proyectos políticos de extrema derecha muy difícilmente los ciudadanos tendrán posibilidades de hacerse oír y de intervenir en los procesos democráticos y de toma de decisiones.
La cuestión que el sistema de poder -aunque haya sido elegido en las urnas- ha rehuido tratar de manera sistemática es la participación ciudadana. El poder no está dispuesto a compartir y dejar de controlar el relato. De hecho, ha perfeccionado sus métodos de control sobre el mismo: ha secuestrado el lenguaje de sus supuestos disidentes, apropiándose de él y vaciándolo de contenido. Todo para aportar una imagen moderna, acorde a los tiempos, falsamente cercana. Falsamente progresista.
¿Hay alguna posibilidad de modificar el estado de la cuestión? ¿Qué está fallando y no se está corrigiendo? ¿Cómo recuperamos la confianza en las instituciones? ¿Defienden el interés común como deberían estar haciéndolo?
Éste es un debate que no queda alejado de las políticas culturales; de hecho, es una de las cuestiones principales que explicaría uno a uno los fracasos de esta legislatura en materia de cultura. En este punto, es de vital importancia recordar los envites que ha padecido la tan cacareada participación ciudadana. Ha sido el mandato de las mesas redondas y jornadas con agentes del tejido cultural dando su opinión para que al final sus consideraciones no formen parte del proceso de elaboración de los proyectos públicos. Ellos dirán que sí, que se les ha tenido en cuenta, pero llama poderosamente la atención que siempre haya pesado (y presionado) más la opinión de una parte: la sectorial o empresarial (sea ésta débil, precaria, etc.).
En el caso del concurso de Es Baluard, fue muy curioso que la comisión de gobierno no tuviera en cuenta las recomendaciones de las asociaciones de profesionales consultadas. "Es cierto, pero no hicieron alegaciones a las bases". Curioso lo de las alegaciones. ¿Son éstas verdadera participación o un paso más de un proceso de tramitación administrativa? ¿Se pueden intercambiar en ellas ideas más allá de puntos legales? ¿Corregir? ¿Dar la réplica? Nos contestarán que eso lo hacen los políticos en el Parlament. No los ciudadanos.
